La pugna en torno a la Ley de Retiro Digno recién aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, pero rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) parece que no se aplacará por el momento, incluso cuando parece haberse logrado una aparente tregua entre los dos bandos con la certificación del presupuesto para el año fiscal 2022.

Si bien Pierluisi celebró que para este presupuesto “hubo un proceso colaborativo” con la participación de la Legislatura y su firma de aprobación, y no ocurrió una imposición por parte de la JSF como en años anteriores, indicó que insistirá en buscar que no haya recortes a los pensionados.

Actualmente, el plan fiscal que la JSF busca que se apruebe contiene un recorte de hasta 8.5% a las pensiones de más de $1,500 mensuales. La Legislatura y el gobierno rechazan ese recorte y aprobaron la Ley de Retiro Digno que no contiene recortes. Sin embargo, la Junta ya advirtió que iría ante los tribunales para impedir que esa ley entre en vigor.

De hecho, durante la reunión pública de este jueves, juntos con los documentos relacionados al presupuesto para el año fiscal 2022, se circuló un documento firmado por Antonio Medina, uno de los miembros de la JSF, en el que se cataloga a la Ley de Retiro Digno de engaño, irresponsabilidad y falta de respeto.

“Esta ley repite todas las prácticas irresponsables que llevaron a Puerto Rico a la bancarrota y tira por la ventana todos los logros de la JSF para proteger a nuestros pensionados... están legislando para las gradas y no para el bien de Puerto Rico... los políticos promulgaron una ley que saben que no es viable y es contraproducente para los retirados y para Puerto Rico, simplemente para ganar votos”, lee parte del documento, que cita los beneficios que darían a los pensionados el plan aprobado por la JSF.

Aunque Medina firma el documento, a preguntas de la prensa, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el mismo “en general refleja la posición de la JSF”.

El gobernador, sin embargo, se mostró firme en su posición de que “yo estoy decidido a buscar una solución que sea fiscalmente responsable”.

“Y va a consistir, con toda probabilidad, de dos proyectos de ley que yo voy a estar presentándole a la Junta, para que los comente e indique si está de acuerdo con ellos, y si ese es el caso, los voy a presentar ante la Asamblea Legislativa. Voy a buscar la manera de por vía de proyectos de ley lograr que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno”, indicó Pierluisi.

El gobernador comentó que “de nada sirve estar litigando aquí el asunto de la Ley de Retiro Digno, lo que tenemos que hacer es buscarle una solución”.

“Lo que yo le he dicho a la Junta es que, por el momento, me voy a concentrar en buscar opciones para presentarle tanto a la Junta como a la Asamblea Legislativa”, insistió Pierluisi.

El gobernador admitió que no cree que haya ambiente en la Legislatura para derogar la ley, y que la JSF “pudiera recurrir al tribunal federal para que el tribunal federal la derogue”.

“Yo lo que le estoy exhortando a la Junta a hacer es trabajar en un espíritu de colaboración conmigo y con mi equipo para buscar una solución alterna. Es decir, tenemos una ley que la Junta está impugnando, pues yo voy a tratar de presentar por lo menos dos opciones adicionales que pueden atender esta situación sin necesidad de estar litigando”, insistió Pierluisi.

Comentó que esos proyectos “buscan establecer una pensión justa para aquellos que ingresaron en el servicio público con la expectativa de tener una pensión definida. Estos son aquellos que ingresaron antes del año 2000. Para esos es revisitar la pensión con la que quedaron en el 2013, para que sea una más justa. Eso es un posible proyecto. El otro proyecto más bien establece la forma y manera que el gobierno de Puerto Rico va a honrar todas las pensiones públicas que es mi compromiso como gobernador, que aquí se honren todas las pensiones”.

Sin embargo, al preguntar a miembros de la JSF sobre la intención del gobernador de someter propuestas para de alguna forma evitar el recorte de pensiones, comentaron que no podían expresarse sobre algo que no ha ocurrido todavía.

No obstante, fueron firmes en que la Ley de Retiro Digno “tiene que anularse”, y por eso le han solicitado al gobierno que emita una certificación que establezca claramente que “la ley no se pondrá en vigor y será derogada”, de lo contrario, la JSF “tomará cualquier acción que entienda necesaria”.

Los miembros de la JSF comentaron que, de recibir las propuestas del gobernador, las revisarían y analizarían como hacen con cualquier propuesta, pero dejaron entrever que será muy difícil que se logre cambiar un aspecto específico, en este caso la reducción de pensiones, dentro del plan de ajuste fiscal que sometieron que es mucho más abarcador e involucra un sinnúmero de intereses.

“El plan de ajuste ya se sometió. Es un plan que balancea muchos intereses y que se logró con mucho trabajo. Muchos grupos estuvieron envueltos, incluyendo la Administración. Pero la Junta no puede especular sobre algo que no ha recibido”, comentó Medina.

“Ha sido mucho trabajo y es muy difícil aislar una sección del plan de ajuste. Hemos pasado cientos de horas trabajando con la restructuración de la deuda con todos los acreedores y el gobierno. Hay mucha gente a la que el gobierno le debía dinero y se han hecho muchos acuerdos. Claro que los retiros son algo que nadie quiere tener que ajustar o reducir. Pero decir que vamos a abrir un área, ya tenemos un plan de ajuste, la Junta tomó una posición, así que decir que vamos a abrir una sección, es algo muy difícil para la Junta porque logramos hacer lo que estimamos es un plan de ajuste bien comprehensivo que toma en cuenta todas las diferentes partes involucradas en la bancarrota. Sería algo muy complicado”, agregó John Nixon.

Jaresko pidió mirar el tema de las pensiones más allá del aspecto del recorte de hasta 8.5% a las pensiones de más de $1,500 mensuales, recordando que 72% de los retirados están bajo ese límite y no verán recorte alguno. Agregó que el plan también establece un Fideicomiso de Pensiones para garantizar que en lo adelante se pueda pagar bajo el sistema de Pay Go. También, hay una disposición para que, en caso que la economía crezca más de lo proyectado en un año, parte de ese exceso vaya a restablecer ese recorte de pensiones. Además, el plan de ajuste incluye restablecer hasta $1,300 millones de las cuentas del Sistema 2000, que vaciaron en su totalidad por manejos irresponsables. Por último, unos 38,000 empleados públicos que eran parte de dos leyes, y que el plan les proveerá el equivalente de hasta $100 millones por intereses teóricos, porque tampoco ganaron nada en sus cuentas.

“Así que exhorto a que miren de manera más amplia todo lo que está pasando con los retirados, porque de lo único que se habla es de ese 28% que va a tener un recorte de hasta 8.5%, y no se habla de todos los que se les restablecen sus cuentas en el Sistema 2000, los que se les otorga esos intereses teóricos, se les da un Fideicomiso para que ningún futuro gobierno o situación económica les robe sus pensiones en el futuro, y tienen la oportunidad con una mejor economía de restablecer esos recortes en cualquier año específico. Así que les pido tomen todo eso en cuenta”, sostuvo Jaresko.