Aunque reconoció que el gobierno de Alejandro García Padilla limitó sus facultades al otorgar mayores poderes a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), su administrador Miguel Hernández Vivoni rechazó que exista allí un esquema de persecución política con el objetivo de obstaculizar su labor.

De esa forma, Hernández Vivoni, nombrado en el puesto por el entonces gobernador Luis Fortuño, negó las denuncias del director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Dávila, quien durante una conferencia de prensa este martes en la mañana afirmó que en la AVP existía un patrón de persecución política contra funcionarios estadistas que ponía en riesgo decenas de millones de dólares en fondos federales.

Dávila centró su ofensiva en la recién aprobada Ley 49 del 2013, que enmendó la Ley Orgánica de la AVP con la intención de ampliar las facultades de la Junta de Gobierno de la entidad adscrita al Departamento de la Vivienda.

Tras la aprobación del estatuto, la junta que encabeza el secretario de Vivienda, Rubén Ríos, es responsable, entre otras cosas, de establecer la organización interna de la AVP y los sistemas para su operación, delinear y dirigir todas las acciones administrativas y gerenciales, aprobar reglamentos, nombrar el personal de confianza, y contratar los servicios técnicos y profesionales necesarios, además de hacer las compras.

“Vemos a un Secretario de Vivienda que se ha dedicado a manipular a los miembros de la junta de Vivienda para quitarle los poderes que le corresponden al administrador de Vivienda Pública”, sentenció Dávila durante una rueda de prensa en la sede del PNP, en Hato Rey.

Hernández Vivoni no ocultó tener reservas con la nueva ley, pero relevó al titular de Vivienda de cualquier injerencia en su aprobación. Asimismo, comentó que cada administración establece su política pública.

“El Secretario (Vivienda) no es legislador, él la pone en ejecución, y tanto el Secretario como este servidor somos personas de ley y orden, y esa es la ley que tenemos hoy, y tenemos que regirnos por esa ley”, hizo énfasis a este medio Hernández Vivoni durante una entrevista conjunta con Ríos.

Admitió, no obstante, que la nueva ley tiene problemas que “trastocan la operación” de la AVP, y dijo que tanto él como Ríos han procurado mantener la comunicación abierta para intentar minimizar esa posibilidad.

“Todavía tengo mis reservas, pero me dejo llevar por lo que dice la ley, y voy a trabajar junto con el secretario para evitar que mis temores se hagan realidad”, indicó.

Dávila planteó que la alegada entronización de la política partidista en la AVP ha provocado la pérdida de $60 millones en fondos federales, pero Hernández Vivoni aclaró que la corporación pública dejó de recibir $48 millones a raíz de los recortes del llamado “secuestro fiscal federal”.

Sobre las denuncias en torno al supuesto despido de empleados identificados con el PNP, el Secretario de la Vivienda dijo desconocer que se hubieran destituido empleados de carrera. Reconoció, no obstante, que habían prescindido de los servicios de siete de los 19 empleados de confianza que había.

Ríos admitió, además, que “podría pensarse” que la nueva ley es un intento del gobierno de García Padilla de impulsar su política pública en la AVP aun con la vigencia de la ley aprobada a finales del pasado cuatrienio para extender a siete años el término del administrador de esa entidad. Fue a raíz de ese estatuto que Hernández Vivoni permaneció en su puesto durante el nuevo gobierno.

El administrador de la AVP entiende que esa movida de último momento de la administración de Fortuño le ganó críticas, y manifestó sentirse “incómodo” con que su puesto y desempeño sean utilizados como objeto de debate político tanto por figuras del Partido Popular Democrático como del PNP.

“Desde mi nombramiento, comenzaron los ataques políticos de un lado y del otro. Para eso mismo fue la aprobación de esa ley, para evitar los ataques políticos y que se pudiera realizar la labor sin los vaivenes políticos”, sostuvo Hernández Vivoni.

“Me incomoda que se trate de politizar las acciones de uno... Puerto Rico es una sociedad muy politizada y realmente tratar de politizar las acciones, lo que uno realiza, es polarizar a la gente que uno le sirve”, puntualizó.