¿Cuán efectiva ha sido la nueva fase de monitoreo a pasajeros domésticos que arriban a la isla a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín?, ¿Ha ejecutado el gobierno con rigurosidad las multas y penalidades que se le deben imponer a los viajeros que burlan el sistema de vigilancia y están violando la orden ejecutiva que entró en vigor el 15 de julio?

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La respuesta es inconclusa. Lo que sí consta de acuerdo a los datos provistos a Primera Hora por personal de epidemiología del Departamento de Salud (DS) es que, hasta ayer, las autoridades locales no habían impuesto multas, penalidades ni radicado a nivel de tribunal un solo caso a estos fines, aun cuando hay reportes de que el equipo de rastreo y seguimiento no habían podido contactar por mensajes de texto, llamadas o correos electrónicos a 7,882 pasajeros que llegaron a la isla sin una prueba negativa a COVID-19 y que debían permanecer en cuarentena por 14 días.

Así lo informó en entrevista telefónica la epidemióloga asignada al aeropuerto por el DS, Miriam Ramos, al explicar que entre el 15 y el 25 de julio llegaron a Puerto Rico 48,632 pasajeros y de estos el 80% (38,141) no entregaron resultados negativos de pruebas moleculares de COVID-19, aunque 47,366 sí llenaron la declaración de viajero con información que permite identificarlos y rastrearlos pues deben proveer teléfono, correo electrónico y lugar donde se hospedarán durante su estadía en la isla.

De los 38,141 que incumplieron al llegar sin resultados negativos al SARS-CoV-2 unos 18,776 notificaron que no son residentes de Puerto Rico.

Según Ramos, actualmente el sistema de SARA Alert monitorea a 19,389 viajeros. Unos 25 empleados sirven de rastreadores en esta función que opera los siete días de la semana, en diversos turnos de trabajo.

“El seguimiento se le da a las personas a través del método que eligieron cuando llenaron la declaración de viajeros, el cual puede ser por mensajes de texto a través de teléfono o correo electrónico”, explicó Ramos, al agregar que si las personas no responden a esos reportes eléctrónicos o automatizados se procede a llamarlas.

“Desde el día 16 de julio hasta el 26 de julio se han realizado 7,882 llamadas a personas que no han contestado al monitoreo electrónico”, reveló.

Primera Hora inquirió saber a cuántas de estas personas se ha procesado con multas, penalidades o radicación de cargos en el tribunal por violentar las disposiciones de la orden ejecutiva.

“No se ha ido contra ninguna”, dijo Ramos.

“Es importante reconocer que ninguna operación es perfecta pero hemos realizado avances… solo llevamos 10 días del sistema de monitoreo… estamos corroborando la información de las personas que no han contestado para entonces someterlo al proceso establecido dentro del protocolo, reconociendo la capacidad de la orden en cuanto a multas y sanciones. Nos encontramos trabajando ese proceso junto a la unidad de investigaciones”, agregó.

Este diario indagó saber cuánto tiempo demora una investigación de esta índole, considerando que los viajeros que están violando la ley pudieran abandonar el país y burlar de esta forma el sistema.

“Al tribunal no se ha llegado porque nos encontramos en ese proceso… le voy a pedir, por favor, si nos permite completar ese proceso… cuando termine el proceso divulgaremos esa información”, acotó la epidemióloga que no supo precisar a cuántos viajeros se están investigando.

De otra parte, sostuvo que es errónea la premisa que asume que los viajeros están llegando contagiados de COVID-19 “cuando no tenemos evidencia de eso”.

En cambio, la semana pasada el secretario de Salud, Lorenzo González, expresó a este diario que de los casos positivos al virus confirmados en Puerto Rico el 48% están asociados a viajeros que han llegado a la isla.

La orden ejecutiva (OE-2020-057) entró en vigor el pasado 15 de julio y busca minimizar la entrada de pasajeros positivos a COVID-19 a la isla pues han sido diversos los brotes registrados alrededor de Puerto Rico en el que el denominador común han sido, precisamente, viajeros que llegan infectados de diversas jurisdicciones de Estados Unidos. La orden indica que los viajeros deben llenar la declaración de viajeros, cuya información “bajo juramento” será procesada a través de un sistema conocido como SARA ALERT.

También deben presentar un resultado negativo a la enfermedad mediante prueba molecular. Aquellos que incumplan deben someterse a una autocuarentena y procurar la prueba de cernimiento en la isla. Además, la orden indica que aleatoriamente un equipo del Departamento de Salud podrá monitorear al menos a un 10% de las personas mediante llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. Si la persona no responde a estas vías de comunicación estaría en violación de la orden ejecutiva y se expone a multas establecidas por disposición de la Ley 20-2017 la cual establece pena de reclusión que no excederá seis meses o multa que no excederá $5,000. Además incurriría en violación menos grave al violar el al Art. 33 de la Ley del Departamento de Salud, la cual también conlleva multas y condena en cárcel “a discreción del tribunal”.

Subtítulo: 61 pasajeros han dado positivo a la prueba rápida

Mientras tanto se informó que al menos 61 pasajeros arrojaron positivo a la prueba serológica para detectar el SARS-CoV-2 en pruebas de cernimiento que se realizaron en el aeropuerto entre el 15 y el 26 de julio.

“El sistema de vigilancia los clasifica como casos probables en lo que llegan los resultados de la muestra molecular”, dijo Ramos al explicar que las pruebas rápidas se les están hacienda a los pasajeros que marcan fiebre en alguna de las 11 cámaras termográficas que hay en el aeropuerto Luis Muñoz Marín o a aquellos que muestran síntomas en el área de cotejo o “triage” que realiza persona de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). Salud no tiene datos de cuántas de esas 61 personas pudieron dar positivo a las pruebas moleculares.

Se señaló que solo el 0.7% de los pasajeros informó tener algún síntoma asociado al virus.