La “avaricia” es el denominador común del esquema de corrupción pública detectado por las autoridades federales en la Legislatura, en la que varios representantes han inflado el salario de sus empleados para que les devuelvan parte de la suma bajo la modalidad de soborno, detalló este jueves el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.

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Se trata de “empleados que están robando y están usando su salario, que fue inflado, para pagar un ‘kickback’ (sobornos)”, explicó el funcionario en una conferencia de prensa.

Hasta el momento, un gran jurado ha acusado a los representantes María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle Colón por participar de este esquema similar, en el que sus empleados le transferían de manera electrónica o en efectivo parte del dinero del salario que les fue aumentado de manera ilegal con la presunta intención de cometer el delito.

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Fue el lunes cuando se arrestó a Charbonier. Este jueves le tocó el turno a Del Valle Colón. Pero, según ha adelantado el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, las autoridades investigan a otros legisladores adicionales. De estas, el jefe de la Fiscalía no quiso dar detalles.

La acusación contra el representante de Toa Alta está contenida en un pliego acusatorio de 25 páginas emitido por un gran jurado federal con fecha del 19 de agosto. Se le imputaron ocho cargos criminales vinculados a la corrupción pública, anunció Muldrow.

También fueron imputadas de delito dos de sus empleadas, Mildred Estrada Rojas y su hija Nickolle Santos Estrada.

Los cargos son conspiración, robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales mediante ‘kickback’. Del Valle Colón enfrenta dos cargos por fraude electrónico por servicios honestos y otro por obstrucción de la justicia, según el pliego acusatorio firmado por los fiscales Seth Erbe, jefe de la sección de corrupción pública y fraude financiero, y por el subjefe de la división de integridad pública del Departamento de Justicia en Estados Unidos, John D. Keller.

En el caso de Charbonier, se alegó que recibió sobre $100,000 de su empleada Frances Acevedo, también acusada por las autoridades federales.

Del Valle Colón, entretanto, recibió una suma similar, pero de tres empleados. Se trata de las dos coacusadas y de otro empleado que se ha convertido en testigo, identificado en el pliego acusatorio como la “persona A”.

Los actos ilegales comenzaron casi tan pronto Del Valle Colón inició el cuatrienio, en enero de 2017, el cual representaba su segundo término en la Asamblea Legislativa.

Según detalló el jefe de la Fiscalía federal, “a principio de 2017, el representante infló el salario de dos acusadas y otro individuo, la persona A (en el pliego acusatorio)”.

Afirmó que, por cada cheque inflado, el legislador supuestamente recibía entre $500 a $2,000 de las dos empleadas acusadas y el individuo que coopera con las autoridades federales para lograr la acusación, quien también era empleado del legislador.

“Hasta julio de 2020, Del Calle Colón había recibido más de $100,000 en sobornos”, sostuvo.

Expuso que los que se buscaba con este esquema era enriquecerse, “obteniendo sin autoridad y convirtiendo para su uso la porción inflada de las empleadas y ocultar su esquema corrupto”.

Los sobornos, según reveló, fueron entregados al representante en efectivo, pero también se realizaron transacciones de $500 a través de ATH Móvil.

Muldrow explicó que los cargos a Del Valle Colón por fraude electrónico por servicios honestos se configuraron, porque se enviaron mensajes de texto “para llevar a cabo el esquema”. Mientras, el de obstrucción a la justicia supuestamente ocurrió cuando borró los mensajes de Whatsapp que compartió con sus empleados luego de que el FBI visitara a Estrada Rojas y Santos Estrada a sus hogares. Esto ocurrió el 12 de julio.

De ser encontrado culpable, los acusados se exponen a sentencias máximas de cinco años por conspiración, 10 años por robo y soborno, así como 20 años por fraude electrónico en servicios honestos y obstrucción a la justicia.

El fiscal aprovechó y pidió a la ciudadanía que denuncien todo caso de corrupción a los teléfonos, 787-754-6000 o 787-987-6500.

“El valor de su cooperación o beneficio es mucho mayor mientras más temprano decida cooperar con nosotros… La acusación refleja que Persona A pagó parte de su salario inflado a Del Valle Colón. Es mejor ser persona A, que uno de los acusados en este caso”, destacó Muldrow.

Mientras, el agente especial a cargo del FBI, Rafael Riviere, comentó que cuando el FBI llegó hasta la residencia de los coacusadas en julio pasado “no decidieron cooperar y mintieron a los agentes”. Señaló que, por ello, ahora aparecen en el pliego acusatorio.