La Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) desistió de vender su antigua sede en Santurce luego de no poder llegar a un entendido con la rama Judicial que habría facilitado el traslado de todos los empleados al edificio World Plaza en Hato Rey, indicó ayer el presidente de esa agencia y, a su vez, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés-Deliz.

El funcionario también indicó que el NEPR necesita poco más de $1 millón para dotar a esa dependencia con personal en el servicio de carrera, habida cuenta que todos los empleados que allí laboran han sido empleados de confianza desde la creación del organismo.

Mientras, hace apenas una semana, la JRSP logró suscribir un acuerdo con la Compañía de Turismo para que esa agencia transfiera, en definitiva, el presupuesto correspondiente a la nómina de unos 20 empleados públicos a cargo de regular el segmento de vehículos turísticos.

Ello, a pesar de que, según el presidente del Negociado de Transporte, Luis García Fraga, los empleados que antes laboraban en Turismo han estado en destaque en el Negociado por espacio de tres años, lo que ha supuesto un impacto de unos $700,000 anuales a la dependencia.

Tales desarrollos surgieron ayer en la continuación del proceso de transición gubernamental, donde Avilés-Deliz aseguró que la creación de la JRSP resultará en ahorros al fisco de al menos $250,000 al año mientras se ha mantenido la independencia de criterio y operacional de sus componentes.

La JRSP se creó luego de la consolidación de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía y la Comisión de Servicio Público.

Según Avilés-Deliz, la JRSP planeaba mudarse en su totalidad al edificio que antes albergó las sedes metropolitanas de los desaparecidos Banco de Ponce y Westernbank, pero el edificio fue transferido a la Administración de Tribunales y el nuevo canon de arrendamiento sería mayor a lo previsto, obligando a la JRSP a mantener parte de sus operaciones en Santurce.

Listo para fiscalizar a LUMA

Avilés-Deliz indicó que ello no afectará el funcionamiento de la JSP al tiempo que aseguró que el NEPR está preparado para fiscalizar el contrato de LUMA Energy.

Al abundar acerca del rol que tendrá el operador privado de la red eléctrica, Avilés-Deliz indicó que a la fecha no ha recibido ningún pedido para ajustar las tarifas y que el Negociado estará listo para fiscalizar a la empresa y para asegurar que se implemente el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobado el verano pasado.

Aseveró, también, que los planes para la reconstrucción del sistema eléctrico que se financiarán con fondos federales tendrán que ser aprobados por el NEPR.

Mientras, la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, aseveró que la fusión entre Liberty y AT&T se llevó a cabo requiriendo la transferencia de clientes comerciales a WorldNet, para evitar temas de concentración de mercado y que no ha habido querellas de los consumidores afectados por la transacción.

Torres también aseguró que luego del huracán María, la infraestructura de telecomunicaciones de Puerto Rico es más robusta y que al presente, se invertirán unos $760 millones para implementar la tecnología 5G en la isla.

Piden informe de reclamaciones

De otra parte, el Comité de Transición Entrante pidió a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) un detalle de las reclamaciones de seguros del gobierno por el huracán María todavía pendientes de pago.

Esto, luego de que el comisionado Rafael Cestero Lopategui señalara que la oficina trabaja en lograr alguna certificación que permita a agencias de gobierno y municipios cumplir con los requisitos de asegurabilidad que requiere la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) para recibir ayudas en caso de un nuevo desastre.