Los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños, así como los concesionarios de autos no estarán capacitados para soportar el impacto económico que se prevé ocasionaría otro cierre de sus operaciones, como el que podría darse en esta próxima Orden Ejecutiva que emitirá la gobernadora Wanda Vázquez, posiblemente este próximo lunes, en un intento de detener el repunte de casos por coronavirus, según informaron líderes de la industria.

Entretanto, el director de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Gadiel Lebrón, dejó claro que la posibilidad de que se cierren los salones comedores de los restaurantes “afectaría a la industria”.

Mientras, varios religiosos indicaron que están dispuestos a considerar la posibilidad de cerrar las iglesias en las que crean haya un alto riesgo de contagios, pero recordaron que la Constitución de Puerto Rico les da un poder adicional para ser ellos los que decidan el grado de apertura o cierre que les proveerán a sus fieles.

En esencia, esta fue la reacción que emitieron varios de los sectores que se podrían afectar en las próximas semanas, debido a la “agresividad” con que la gobernadora ha advertido que atacará el constante aumento de casos por coronavirus en la Isla.

Según informó este mediodía el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, la recomendación es acoger un modelo en el que se retorne a las vivencias que tuvo el pueblo en mayo pasado. Esto provocaría la posibilidad de que los negocios de venta al detal, salones de belleza, los salones comedores de los restaurantes, los concesionarios de auto y centros comerciales cesen sus operaciones.

También adelantó que la gobernadora podría extender la orden vigente actual hasta posiblemente el lunes próximo, cuando daría a conocer qué restricciones tendría la cuarentena por las próximas semanas.

Primera Hora solicitó reacciones de varios empresarios. Solo el presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, Adolfo González, indicó que hablaría una vez la gobernadora haga el anuncio oficial.

Sin embargo, Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas, aprovechó para tronar contra el gobierno, en especial la Policía de Puerto Rico. Alegó que han realizado un trabajo deficiente en vigilar el cumplimiento de las órdenes ejecutivas en las zonas públicas y ahora se pretende castigar a los pequeños y medianos comerciantes.

“Es injusto que ahora me estén condenando, castigando al sector privado, y que se le quiera echar al sector privado la culpa. Los contagios no ocurren en los comercios, ocurren en los espacios públicos y la Policía no está haciendo nada”, señaló.

Afirmó que los comerciantes “no tienen capital para aguantar otro cierre como el pasado”, por lo que muchos tendrían que cerrar de forma definitiva sus negocios.

“En realidad, el gobierno es el que ha fallado. No somos los pequeños y medianos comerciantes”, insistió, al informar que así se lo dijo ayer a la gobernadora.

Por su parte, el presidente del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), Ricardo García, expuso que para los concesionarios de auto sería “devastador y nefasto” que se cerrara esta industria.

“Eso no tiene ninguna congruencia con lo que nosotros estamos haciendo a base de los requisitos. Hemos seguido todos los protocolos al pie de la letra y los concesionarios no son el problema”, planteó.

Dijo que en los dealers no se han registrado brotes de coronavirus y se continúa atendiendo a las personas por citas. Por ello, García urgió al gobierno a que “identifique dónde está el problema y cómo va a atacar eso. No es cerrar negocios donde la gente no esta aglomerándose”.

Comentó que, por las 10 semanas en las que estuvieron cerrados, los concesionarios registraron una reducción de un 28% en sus ventas.

“Cerrar sería fatal. Más todavía, ¿por qué? El problema de contagio no es aquí”, destacó.

Por su parte, el director de ASORE pidió a que se esperase la decisión de la gobernadora para no especular si les cierran o no los salones comedores a los restaurantes. Pero, destacó que “cualquier detalle que reduzca lo que tenemos hoy, definitivamente no es bueno para la industria”.

Otro sector que estuvo cerrado en mayo fueron las iglesias. No fue hasta la orden ejecutiva que entró el 26 de mayo que se les permitió comenzar a operar.

Pero, el superintendente del Concilio Asambleas de Dios, Iván De la Torre, expuso que cualquier iniciativa para controlar la propagación del coronavirus no debe incluir nuevamente a las iglesias.

“Las iglesias tenemos un derecho constitucional a decidir si cerramos o abrimos nuestros templos. Con el trabajo que la iglesia ha realizado, en cuanto a su protocolo, y que nosotros hemos sido tan cuidadosos en velar que en iglesias que pueda haber contagios se hagan servicios en sus propios carros, no se nos debe afectar. En el inicio, la iglesia tomó la decisión de ser prudente y cerrar sus templos para guardar ese primer tiempo de la cuarentena, pero entiendo que cada iglesia o denominación debe auscultar cuál es su mejor opción”, señaló.

El religioso expuso que las iglesias no quisieron sacar ventaja de este derecho constitucional que les asiste, pero advirtió que, si el gobierno se los vuelve a imponer, podrían tomar medidas.

Felipe Lozada, presidente de la Junta de Directores del Concilio de Iglesias, señaló que su agrupación continúa con muchos servicios virtuales y con restricciones de un 25% de audiencia en aquellas iglesias que ofrezcan servicio presencial.

“Estamos en la mejor disposición de seguir cooperando, porque para nosotros la vida es primero. En ese sentido, nosotros como iglesia siempre estaremos ayudando al pueblo y acompañándolo”, manifestó.