Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio federal contra el senador Abel Nazario y otras siete personas por un cargo de hurto o soborno relacionado a programas que reciben fondos federales, informó la fiscalía federal mediante comunicado de prensa.

Nazario y los coacusados se exponen a hasta 10 años de cárcel por este delito y una multa de $250,000.

Los coacusados estaban vinculados a Nazario de su época como alcalde de Yauco: Edwin Torres-Gutiérrez, ayudante especial del alcalde; Claribel Rodríguez-Canchani, directora de recursos humanos del Municipio; y los exempleados irregulares Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, y Eric Rondón Rodríguez. 

"El propósito de la conspiración era pagarle con fondos municipales a Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, y Eric Rondón Rodríguez para que trabajaran en la campaña al Senado de Nazario", lee el comunicado de prensa.

Torres Gutiérrez hoy día trabaja en la oficina senatorial de Nazario.

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"Otro objetivo era que esos empleados irregulares proveyeran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario Quiñones necesitaría para ganar la elección senatorial y su subsecuente aspiración a la presidencia del Senado", se indicó.

La nueva denuncia federal contra Nazario emana de una auditoría rutinaria de la Oficina del Contralor realizada en el 2016 cuando se descubrió que esos empleados irregulares estaban en la nómina del municipio y nunca habían trabajado en el ayuntamiento.

Esta es la práctica conocida como empleados fantasmas, ciudadanos que cobran de la nómina pública como si hicieran trabajos en el gobierno pero en realidad no hacen trabajo alguno.

Según el comunicado de prensa, los acusados conspiraron a sabiendas para hurtar u obtener mediante fraude para apropiarse de propiedad del municipio de Yauco por valor de más de $5,000.

Los federales indican que, según la acusación, Nazario-Quiñones firmó numerosos contratos de trabajo irregulares para esos empleados. La justificación que figura en cada contrato era "Necesidad de Servicio” para la "Oficina del Alcalde".

Entonces, el proceder ilegal incluía que el supervisor inmediato que figuraba en cada contrato era el acusado Torres-Gutiérrez, quien instruyó a estos empleados irregulares para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes. Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres-Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes, y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del Municipio.

Los empleados visitaban el Municipio para buscar sus cheques y reunirse con Nazario para coordinar la campaña al Senado.

"Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina continuará buscando agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que defrauden a sus electores", dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Según la acusación, el acusado Nazario-Quiñones firmó numerosos contratos de trabajo irregulares para los acusados Pagán-Sánchez, Ortiz-Vegarra, Martes-Negrón, Rosario-Núñez y Rondón-Rodríguez. La justificación que figura en cada contrato era "Necesidad de Servicio". La oficina que figura en cada contrato era "Oficina del Alcalde" ("Oficina del Alcalde"). El supervisor inmediato que figuraba en cada contrato era el acusado Torres-Gutiérrez, quien instruyó a estos empleados irregulares para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes. Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres-Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes, y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del Municipio.“Una vez más vemos los resultados de los esfuerzos coordinados entre las agencias federales y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Para el pueblo de Puerto Rico, queremos hacerles saber que tienen la certeza y la seguridad de que la Oficina del Contralor permanece siempre vigilante en el uso apropiado de la propiedad del gobierno y los fondos públicos. Continuaremos colaborando con las diferentes entidades supervisoras en la lucha contra la corrupción ”, dijo el Contralor de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso