Varias personas involucradas en la confección del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), entre ellas la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, fueron interrogadas hoy en la continuación de las vistas de confirmación del controversial plan que busca poner fin a la bancarrota de Puerto Rico.

Sin embargo, a este punto del proceso, solamente el bonista individual Peter Hein estuvo haciendo preguntas a los testigos, y luego de que gran parte de sus objeciones fueran desestimadas.

El abogado Michael Firestein se encargó de presentar la evidencia a nombre de la JSF, que representa a Puerto Rico ante la corte por virtud de la ley federal Promesa. Esa evidencia constituyó declaraciones, originales y enmendadas, de las personas detrás de la confección del PAD, incluyendo a diversos especialistas que realizaron estudios y evaluaciones a solicitud de la JSF, así como acuerdos logrados con diferentes grupos de acreedores, procesos de votación sobre el PAD, y otros tipos de documentos legales.

Hein, un abogado que se representa a sí mismo en este caso, presentó objeciones a la declaración de Jaresko. Argumentó que en su declaración la directora ejecutiva de la JSF emite opiniones legales, sin ser ella experta en ese ámbito. Cuestionó también que Jaresko emitiera opiniones en cuanto a la supremacía de la Ley Promesa sobre cualquier ley de Puerto Rico, nuevamente, sin ser experta en ese campo.

Hein objetó también que en su declaración Jaresko hiciera referencias a los procesos de negociación, toda vez que la corte había emitido órdenes claras de que se mantuvieran confidenciales. Argumentó que en la declaración se usaban esas negociaciones como “espada y escudo”, toda vez que se resaltaban como “negociaciones robustas, mediación sólida”, pero a la misma vez se negaba acceso a ella bajo las instrucciones de confidencialidad.

“Ellos usaron la mediación como escudo para mantener en secreto la información privilegiada de las negociaciones de la mediación. Sin embargo, hablan de negociaciones robustas, de mediación sólida, y lo usan como espada para promover ese acuerdo. Y eso no deber ser, esa información sobre la mediación se debió mantener privada, como lo ordenó la corte”, afirmó Hein.

Pero Firestein ripostó solicitando a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso, que las objeciones de Hein a ese respecto debían ser desestimadas. Argumentó que el testimonio de Jaresko solo hacía una descripción general de la mediación, haciendo “mención a cuan vigoroso fue el proceso”, pero “sin revelar nada de lo que se discutió”.

“No se describe nada específico, solo que hubo intercambio de ideas, que es la base de un proceso de mediación. Pero no se revela nada. Y mucho menos se usa como escudo y espada, como alega el señor Hein”, sostuvo Firestein.

Agregó que, de hecho, al redactar los documentos del caso se trabajó con extremo cuidado para asegurar que en ningún caso se revelará quién dijo qué o quién sugirió qué, sino solamente el resultado final de los acuerdos. “No hay nada específico que se acerque siquiera a algo que suponga violar la confidencialidad”, insistió.

De manera similar, sostuvo que, en cuanto a las disputas legales, “que son públicas y están en documentos públicos”, Jaresko descripciones y apreciaciones generales, basándose en su amplia experiencia de negocios, “y son perfectamente admisibles”. Añadió que a esas apreciaciones, “que haría cualquier parte en un pleito”, no pueden considerarse una opinión legal, o siquiera que estén restando valor a lo que pueda plantear la otra parte en la disputa.

De igual forma, argumentó Firestein, cuando Jaresko hace referencia a la supremacía de Promesa sobre leyes de Puerto Rico, “está refiriéndose a que, en última instancia la Ley Promesa permite a la JSF tomar control sobre ciertos fondos de Puerto Rico. Es algo que podría suceder, y eso lo establece Promesa”.

“Entendemos que no es un problema que la señora Jaresko exponga sus opiniones generales”, reiteró.

La jueza Swain sostuvo que había “considerado cuidadosamente este asunto” y denegó todas las objeciones de Hein. Agregó que nada impide a un participante de un proceso de mediación ofrecer su impresión general del proceso, y hacerlo no constituía una violación de la confidencialidad, ni utilizar el proceso como una forma de escudo y espada, como sugería la analogía usada por Hein.

Swain agregó que las declaraciones “no son documentos que supongan una opinión legal sobre las disputas”, sino una opinión general, según la experiencia de la persona, sobre esa disputa.

En cuanto al asunto de la supremacía de Promesa, también consideró que se trata de una opinión general de cómo podrían afectar los estatutos y cómo podría proceder la JSF, pero una vez más reiteró que “no es una opinión legal o un análisis legal”.

Comoquiera, Hein tuvo oportunidad de interrogar a Jaresko, y preguntó, entre otros temas, sobre los acuerdos con uniones y los beneficios a empleados del gobierno.

Cuestionó a la directora ejecutiva de la JSF si la eliminación de recortes a las pensiones, y el efecto fiscal que traerían, se incluían en el plan fiscal certificado que se usa como uno de los elementos base para el PAD.

Jaresko admitió que ese ajuste se incorporó al PAD, no así al plan fiscal certificado.

Firestein objetó la línea de preguntas, por entender que iba dirigida a reclamar que una clase de acreedores había resultado discriminada ante los beneficios concedidos a otra clase.

Hein sostuvo que sus preguntas iban dirigidas a constatar si en las decisiones de la JSF se veló por “preservar el mejor interés de los acreedores”, y la jueza aceptó que preguntara, aunque de manera limitada.

Asimismo, Hein indagó sobre la manera en que se habían calculado la compensación a los bonistas que participaron en las negociaciones que resultaron en acuerdos de respaldo al PAD, si había sobrado algo del dinero destinado para eso, y que uso se le daría. Jareslo indicó que no tenía ese cálculo.

Hein también cuestionó a Jaresko sobre qué secciones de la Constitución de Puerto Rico entendía se verían invalidadas por la supremacía de Promesa. Jaresko dijo no recordar en específico, pero aseguró que fueron identificas partes a las que aplicaría esa supremacía, “para poder seguir adelante con PAD”.

Luego se admitieron, sin objeciones, las declaraciones del presidente de la JSF, David Skeel. Hein había presentado objeciones, pero eran de naturaleza similar a las objeciones presentadas contra las declaraciones de Jaresko, y fueron desestimadas bajo los mismos fundamentos. Hein declinó interrogar a Skeel.

Posteriormente se sentaron a declarar varios asesores y consultores de la JSF, sobre sus respectivas declaraciones y evaluaciones. Hein enfocó parte de sus preguntas en torno a si se habían tomado en cuenta los mejores intereses de los acreedores con bonos prioritarios al confeccionar el PAD. También indagó sobre la participación de ciertos grupos de bonistas en los acuerdos de respaldo al PAD, y sobre el uso del dinero destinado a pagar sus compensaciones y honorarios.

Asimismo, Hein indagó sobre los instrumentos de valor contingente (CVI, en inglés) que se usarán para dar mayores compensaciones a los acreedores, si se cumplen ciertas condiciones, como que los ingresos del gobierno de Puerto Rico reflejen un superávit respecto a las proyecciones del plan fiscal.

Hein también aprovechó sus interrogatorios para cuestionar las cifras de los análisis financieros, toda vez que se basaban en los números que daba la JSF. Sostuvo que, por ejemplo, sus cifras de población son menores a las del Censo, y sus estimados para los fondos federales que recibiría Puerto Rico para el Medicaid también son menores a los que se espera que reciba. Los testigos admitieron que sus análisis se basaban solo en las cifras de ofrecidas por la JSF, y no en otras fuentes independientes.

Las vistas recesarán el jueves, por ser feriado en la Isla, y se retoman el viernes, donde se espera que Hein interrogue a otros testigos. La jueza Swain anticipó que el proceso de vistas continuaría la próxima semana, y adelantó que quería escuchar argumentos orales sobre la Ley 53, que permite la emisión de bonos que respalda al PAD. Agregó que, luego de ver los asuntos bajo Título III, atendería otros bajo Título VI, que incluyen la deuda la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) y la Autoridad para el Distrito de Convenciones. Swain anunció que no emitiría su decisión sobre el PAD hasta que terminara de atender todos los asuntos antes mencionados.