¿Qué se puede hacer desde las ramas ejecutiva, legislativa o de la judicatura para impulsar una agenda antirracista y luchar contra la desigualdad, pobreza y falta de representación de los afrodescendientes?

Esta y otras interrogantes fueron punto de discusión en el conversatorio “Raza, Justicia y Poder” que se llevó a cabo como parte de las actividades de la Cumbre Internacional Afrodescendencia que se lleva a cabo esta semana en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y que contó con la participación de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell; la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz; y la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

De entrada, el conversatorio inició partiendo de la premisa que existe el racismo sistémico “sin más cuestionamientos” y que a partir de esa aceptación es que se puede ejercer la lucha por la igualdad y visibilidad de los afrodescendientes.

Así lo explicó la moderadora del evento, la decada de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian Neptune, quien condujo a las deponentes a explicar los retos que se confrontan desde sus respectivas profesiones para buscar la equidad racial.

La vicepresidenta de Costa Rica, primera mujer afrocostarricense en ocupar este alto cargo en el continente americano y dos veces diputada de la República, insistió en la importancia de la “afirmación afrodescendencia”.

Y es que para Campbell, para poder plantear los desafíos fundamentales de la discriminación racial hay que partir desde la convicción de que hay que “revertir la cultura de la negación”.

“A veces me preguntan si creo que hay racismo en Costa Rica... honestamente, no sé cómo empezar una exposición con esa pregunta. Entonces, el primer tema que planteo es ese desafío de vivir en sociedades racistas y negacionistas”, dijo la dignataria al hacer hincapié en que toca desaprender para comenzar a visibilizar.

Campbell -quien es investigadora y activista de los derechos humanos en temas relacionados a mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, pobreza, desarrollo social y ambiente-, está convencida de que la formación de funcionarios públicos debe comenzar por destrezas elementales como comprender el “perfil racial” de sus comunidades. “Ese reconocimiento es importante porque para deconstruir hay que aceptar el hecho de que algo está construido... hay que luchar contra esas estructuras que aún se cuestionan si hay racismo o discriminación racial”, expuso.

En ese camino hay que visibilizar y llegar a un reconocimiento de manera “sistemática”, pero con acciones afirmativas. Por ejemplo, establecer protocolos antirracistas en las instituciones para que cuando ocurran situaciones se sepa cómo abordarlas, pero que no sea de forma arbitraria “o producto de la ocurrencia”. Asimismo, mencionó los accesos a educación y salud para las comunidades más pobres o marginadas. “Estas acciones afirmativas implican romper los techos que, para algunos no son de vidrios, sino de hierro”, expresó quien está promoviendo una Coalición Internacional Contra el Racismo Sistémico, un proyecto al que se dedicará al 100% cuando deje la vicepresidencia.

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, quiso reconocer ante el público que su participación en el conversatorio, surgía desde su posición de privilegio como mujer blanca y criada en un estatus socioeconómico de ventaja.

“Puedo hablar del racismo desde mi posición de privilegio y no porque he tendio las experiencias que han tenido mis compañeras. Pero no por eso puedo dejar de hablar del tema... aún con el discrimen de ser una mujer lesbiana, reconozco que espacios a los que he llegado se me facilitan por mi color de piel, por la posición socioeconómica de mis padres, por haber tenido el privilegio de educación privada... pero, entonces, al igual que creo que la lucha de equidad por género tiene que incorporar hombres o que la lucha de la comunidad LGBTTQ+, particularmente de los trans, tiene que incluir personas fuera de la comunidad, la agenda antirracista tiene que llevar de aliado a los que nos hemos beneficiado de este sistema”, dijo Oronoz, provocando ovación entre el público.

Al igual que las demás panelistas, enfatizó sobre el problema de la negación de que hay racismo, incluso en la judicatura. “Me preocupan las contestaciones de si existe el racismo y las escucho dentro del poder judicial, pero más me preocupa que las escuchó no solo de jueces y juezas, sino de jueces y juezas afrodescendientes... entonces, si no se reconoce el problema no se puede afrontar”, acotó.

Puntualizó que en ese proceso de romper con los estereotipos antirracistas o antinegritud el primer paso debe ser discutirlo, pero de forma constante, consistente y contundente.

“El problema que yo confronto, como jueza presidenta de un sistema que repite y replica todos los estereotipos. Se nos enseña en la Escuela de Derecho que todos somos iguales ante la ley, que el derecho es neutral, que los jueces y juezas tenemos que ser un poco ciegos al aplicar la ley... ¡qué gran falacia! Porque todo lo que se ha vivido antes de llegar a ese tribunal no ha sido neutral ni equitativo. Ni la creación propia de la legislación, históricamente creada por hombres blancos y heterosexuales, ni la aplicación interpretada por hombres blancos heterosexuales... nuestra formación no ha sido neutral”, expresó.

Abundó que el primer reto a visibilizar, más allá de educar, es comenzar a llevar estadísticas. Mencionó que en los tribunales se pregunta el nombre, residencia y otros datos de los implicados pero nunca se pregunta la raza. Resaltó que eso representa un problema porque nunca se podrá ver las inequidades o ver si hay trato diferenciado (por raza), por ejemplo, en los casos de remoción de custodia, en casos criminales, en las sentencias impuestas o en las fianzas concedidas.

“Si no tenemos los datos para estudiar el efecto, ¿cómo lo contrarrestamos? , ¿cómo evidenciamos lo que sabemos que es una realidad para empezar a modificar, no solo la conducta de jueces y juezas, sino de todo el personal que tiene trato con ese caso o controversias... se trata de echar para atrás y ver cómo se manejaron las intervenciones policiacas, los casos radicados por fiscales y los casos que llegan a tribunales”, manifestó.

En su alocución, la legisladora Rivera Lassen, primera mujer negra que presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y activista feminista, mencionó las luchas antirraciales que se han dado en la isla desde hace muchos años, incluyendo las de Juana Agripina y Pedro Carmona, dos afrodescendientes que antes de la abolición lucharon por su libertad.

“Son historias que afirman la afrodescendencia. Juana luchó por su libertad y siempre reclamó que se le había dado una carta de libertad, pero siguó siendo vendida como mercancía. En el caso de Pedro Carmona, al momento de la muerte de la persona que reclamaba ser su dueño, en su testamento le dejó su libertad formal. Pero esa persona que quedó de albacea se quedó con los bienes y siguió vendiéndolo de sitio en sitio... ambos lucharon por sus derechos de libertad y son historias que retaron el poder judicial de la época”, explicó la senadora al instar al público a buscar más información sobre la lucha de estas dos figuras y emular el coraje que tuvieron para hacer valer sus derechos.

También mencionó a Herminia Tormes García, la primera abogada y jueza negra en Puerto Rico. Tormes se convirtió en abogada en 1917 y fue hija de una esclava que trabajó para que sus hijos estudiaran y tuvieran oportunidades que se le negaban a los afrodescendientes.

“La historia me gusta y me parece que desde la historia nos contamos nuestras vidas... ahí les dejó esa notita”, agregó la propulsora de la Ley 24 del 2021 la cual conmemora el 21 de marzo como el Día de la Erradicación del Racismo y que a su vez obliga a las agencias gubernamentales a fomentar acciones concretas de afirmación de la afrodescendencia. El estatuto también ordena al Instituto de Estadísticas a realizar acciones y medidas necesarias para documentar las manifestaciones de racismo con datos sociodemográficos, esto con el propósito de monitorear el impacto del racismo en la isla y propulsar políticas públicas en función de la erradicación del problema racial.