“Va a venir un aumento (en la factura de la luz). No podemos tapar el cielo con la mano”.

Así de claro lo estableció este viernes uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, Antonio Medina, al hablar de la controversia que se ha suscitado esta semana ante la posibilidad de que se imponga un cargo de $23 a $26 mensuales por un periodo de 50 años para saldar la millonaria deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.

Pero, lo que dejó claro Medina es que esa suma de imponer un cargo de entre $23 a $26 mensuales a la factura nunca estuvo en ninguna de las propuestas de la Junta hacia los bonistas. De hecho, afirmó que se sorprendió cuando vio tal alegación en los medios de comunicación.

Previo a tal declaración, realizada durante una conferencia de prensa tras culminarse la reunión pública de la Junta en el Hotel Sheraton, en Miramar, el presidente del ente fiscal, David Skeel, apuntó a que “no hay acuerdo a este punto” con los bonistas.

Recordó que hubo un impase, por lo que todo trámite para negociar la deuda quedó en un caso judicial ante la jueza federal a cargo del proceso de quiebra, Laura Taylor Swain.

Medina, sin embargo, asumió la batuta de aclarar qué ha sucedido y qué desembocó en tal controversia.

“Hemos estado en un proceso de mediación, que es confidencial, a través de los últimos meses con los bonistas. Se han dado ciertas ofertas y contraofertas”, comenzó su exposición.

Aseguró que la Junta no tiene la matemática con la que los bonistas llegaron al número de entre $23 a $26 mensuales como el cargo que se les pretendía imponer a los abonados para pagar la deuda de $9,000 millones.

“No es un número que se estuvo trabajando en la negociación. No es un número que salió de la Junta”, manifestó, al explicar que fueron los bonistas los que sometieron un documento a la corte en la que hicieron tal alegación del cargo a la factura.

“Ese número no representa una oferta específica que haya hecho la Junta de Supervisión Fiscal durante el proceso de mediación”, agregó.

Asimismo, Medina se enfocó en estipular que en todo el proceso estará abogando por el consumidor boricua “para asegurarme que cualquier negociación que resulte, el consumidor puertorriqueño, los negocios de Puerto Rico y el ecosistema industrial y corporativo, el aumento que se lleve a cabo, algún aumento vamos a tener que tener considerando que debemos $9,000 millones, sea una solución que los puertorriqueños podamos vivir con ella”.

Explicó que, más allá de la deuda, también deben asegurar $4,000 millones al fondo de pensiones de la AEE “y se supone que quien pague por todo eso es el consumidor”.

De paso, expuso que la Junta propone que el consumidor pague de acuerdo a su posición en la economía.

“Las estructuras que hemos estado trabajando toman en consideración que hay consumidores como (la farmacéutica) Amgen y hay consumidores como nuestras madres y padres, que están retirados”, detalló.