Los tres partidos minoritarios consignaron esta mañana su oposición a las enmiendas propuestas por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Ley Electoral.

Sus posturas fueron consignadas en una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado y luego de meses de dimes y diretes entre los comisionados del PPD y el PNP y los tres minoritarios por la supuesta falta de participación de estos últimos en el proceso de discusión de lo que se convirtió en el Proyecto del Senado 909.

Por un lado, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, señaló que el contenido de la medida no es otra cosa que “una propuesta preconcebida” del PNP y el PPD y reclamó que la medida tiene que permitir el concepto de candidatos y partidos coligados. Aponte señaló, por ejemplo, que con el PS 909 se pretende dejar en manos de los dos partidos mayoritarios el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluso por encima de la sentencia del juez Anthony Cuevas Ramos, quien validó la presencia de MVC, el PIP y Proyecto Dignidad en el organismo a principios de cuatrienio.

“No se puede permitir que uno o dos partidos políticos pretendan obtener el control absoluto del organismo electoral y se establezcan, a la vez, diferencias innecesarias de partidos políticos. Claramente, este proyecto se aleja de lo anterior. Si bien es cierto que el gobierno en el poder aprobó un nefasto Código Electoral, es innegable que el PPD va por el mismo camino introduciendo una enmienda sumamente peligrosa que claramente les permitiría únicamente a ambos partidos (PNP y PPD) la permanencia en la CEE para perpetuar su control absoluto al establecer que los comisionados electorales propietarios solo serán de “partido estatal principal” (PNP y PPD) cerrándole el paso a la transparencia y fiscalización que los partidos de minoría aportan al ente electoral”, dijo Aponte.

El funcionario defendió el concepto de una veda electoral por todo el cuatrienio y también abogó por mayores restricciones al momento de que se evalúen solicitudes de voto por adelantado en casos en que se reclame falta de movilidad y solicitó un lenguaje que abra las puertas a participación plena de todos los partidos en la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Secretaría, Planificación, JAVAA, Operaciones Electorales, las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) y los proyectos especiales.

Aponte señaló también que es necesario limitar el poder del presidente de la CEE para, por ejemplo, nombrar personal de confianza y modificar sus salarios. Además, denunció que hace falta un proceso claro para la sustitución del Secretario y limitar los destaques.

“Ahora el PPD, en vez de regresar a la tradición previa al 2020 de establecer controles de un máximo de 40 a 50 por partido, plantea que solo el PNP y el PPD tendrán el uso ilimitado y el presidente de Ia CEE decide si concede alguna cantidad limitada a los otros partidos”, dijo Aponte.

Movimiento Victoria Ciudadana

Lilian Aponte Dones, comisionada electoral de MVC, le recordó al PPD su posición institucional de derogar la Ley Electoral vigente, que describió como una ley a la medida del PNP y consignó su oposición al PS 909 “no solo por su contenido (o falta de), sino también por la forma atropellada en la cual ha sido presentado, a solo tres semanas para el cierre de esta sesión legislativa y mediante la cual se pretende validar el nefasto código aprobado el cuatrienio pasado”.

Aponte Dones insistió en que el PNP controla la CEE y que sus acciones “en muchas instancias”, son avaladas por el PPD. Indicó, además, que el PS 909 no atiende los elementos que ella entiende necesarios para garantizar transparencia y participación y que los cambios propuestos solo benefician al PPD.

Por ejemplo, se refirió a que el PPD quiere revivir la posición de subsecretariado ya que le tocaría nombrar esta figura.

Además, señaló que el PPD propone crear 13 centros estatales de servicios al electorado sin que se tome en cuenta el impacto económico. Mientras, la medida no recoge propuestas de MVC como la posibilidad de candidaturas coligadas y alianzas, limitar los poderes del presidente de la CEE, facilitar su remoción y restablecer el balance electoral en la CEE en áreas como OSIPE, Secretaría y sub-juntas, Operacionales Electorales, JAVAA y Educación y Adiestramiento.

“El balance electoral, que requiere que en ciertos espacios haya participación de todos los partidos inscritos, debe mantenerse como derecho de todos los partidos”, dijo Aponte Dones al insistir en la necesidad de crear una comisión especial de la cual saldría el contenido de una nueva Ley Electoral.

“Nuestra idea de lograr consenso es mediante la discusión sosegada, poniendo los intereses de la democracia por encima de los intereses partidarios. Entregar enmiendas a un partido para que ese partido decida qué cosas incluye y qué cosas no, es completamente lo opuesto a un proceso de consenso”, dijo Aponte Dones.

Proyecto Dignidad

El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, insistió en la necesidad de eliminar, y así están dispuestas en el PS 909, las clasificaciones de partido estatal principal y de comisionados propietarios. A juicio de Rosario, el “premio” del PNP y el PPD al arribar en las primeras dos posiciones en las elecciones generales fue controlar el gobierno, no perpetuar ese control.

“Si eso se elimina y hay igualdad en términos de acceso a información, toma de decisiones, recursos y supervisión, lo demás es secundario. En ese caso, si el resto de la ley es mala o buena, sería igualmente mala o buena para todos”, dijo Rosario.

El comisionado electoral denunció que Proyecto Dignidad no tiene injerencia en organismo de balance institucional ni en las Juntas de Inscripción Permanente ni tampoco tiene acceso igual a información en áreas operacionales.

“Esa exclusión de Proyecto Dignidad viola de su faz el principio axiológico de igualdad electoral y es discriminatorio por ideología política”, dijo Rosario.

El funcionario también sostuvo que se tiene que atender la anomalía de que dependa del presidente de la CEE para hacer planteamientos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal.