A pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades locales en comunicación con agencias federales, para evitar la venta ilegal de los certificados de nacimientos de los puertorriqueños, estos  siguen siendo muy bien cotizados en la calle, especialmente fuera de Puerto Rico.

En uno de los casos más recientes, una empleada del Departamento de Vehículos Motorizados de California fue imputada esta semana, junto a otras seis personas de vender certificados de nacimiento de Puerto Rico y números de Seguro Social de residentes en la Isla para crear identidades falsas, según una acusación presentada esta semana en el juzgado federal en California, Santa Ana.

La empleada fue identificada por las autoridades  como Tracey Lynette Jones, de 33 años. Ésta, sin embargo, negó todas las imputaciones durante una audiencia celebrada en corte, donde se destacó que las personas  estuvieron dispuestas a pagar miles de dólares por los documentos falsos. Su detención se produjo tras una investigación encubierta realizada por las autoridades federales por espacio de tres años.

Los otros acusados fueron identificados como Roberto Ruiz, de 35 años; Wilfredo Montero, de 36 años; Adolfo María Cruz, de 47 años;  José Cruz, de 49 años y  Jorge Pérez, de 33 años. Este último sigue siendo buscado por las autoridades federales, reportó The Orange County Register.

Las autoridades creen que la supuesta red de robo de identidad era encabezada por Montero y se cree que algunas de las personas han estado dispuestas a pagar hasta $ 5,000 por las identidades obtenidas con certificados de nacimiento originales y números de Seguro Social obtenidos de los residentes de Puerto Rico”, según un comunicado de la oficina del fiscal federal.

Muchos de los que compraron las falsas identidades eran delincuentes que ya habían sido deportados de los Estados Unidos, agregaron las autoridades.

“Si alguien tenía alguna duda acerca de por qué el robo de identidad es una grave amenaza para la seguridad pública, esta investigación debe ser una llamada de atención”, dijo Claude Arnold, agente especial a cargo del caso.  “En base a nuestras pruebas, los clientes de esta red tenían buenas razones para querer ocultar su pasado”.

Según la acusación, los agentes federales encubiertos pudieron comprar certificados de nacimiento y números de Seguro Social, así como las licencias de conducir. Uno de los agentes pagó $3,100 por los documentos falsos. Mientras  a otro se le pidió $5,000.

En junio las autoridades federales revelaron que el 32% de los fraudes cometidos en la obtención de pasaportes se cometía utilizando de forma ilegal certificados de nacimientos de Puerto Rico.