La Fortaleza mantuvo total silencio este jueves sobre el futuro de su directora de Servicios al Ciudadano, Sally López Martínez, acusada hoy, jueves, por cargos de corrupción en la jurisdicción federal. 

Poco después de conocerse las imputaciones, el gobernador Alejandro García Padilla se limitó a expresar “tristeza y coraje, y mucha decepción” por los arrestos, que además de López Martínez, incluyen al recaudador de fondos de campaña del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, así como a otras ocho personas.

En declaraciones escritas, García Padilla reconoció que los imputados son “un grupo de personas entre los cuales hay funcionarios de esta administración y personas que conozco”, pero no mencionó a López Martínez.

Este medio solicitó al secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, información sobre qué pasaría con las funciones de López Martínez en la Oficina del Gobernador tras las acusaciones, pero hasta las 7:00 p.m. no hubo respuesta al respecto.

López Martínez estuvo a cargo de la Administración de Derecho Laboral hasta que dicha agencia fue integrada al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como parte de la reorganización gubernamental en marzo de 2014. 

Con el cambio, fue sustituida en el cargo y pasó entonces a laborar en La Fortaleza, en el área de Servicios al Ciudadano.

La funcionaria enfrenta al menos seis cargos federales por su alegada participación en varios esquemas mediante los cuales presuntamente recibió regalos y beneficios económicos a cambio de beneficiar con jugosos contratos a empresarios que también han sido acusados por las autoridades federales.

Contrario a la postura de La Fortaleza, la secretaria de la Familia, Idalia Colon, anunció temprano el inmediato despido de Víctor Burgos, otro de los acusados en este caso.

Igual hizo el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quién informó en conferencia de prensa que los acusados que laboran bajo su supervisión serían relevados de sus puestos “de manera inmediata”.

García Padilla, en sus declaraciones escritas, las únicas hasta el momento sobre este asunto, resaltó que “si alguien incumplió el deber de pulcritud que nos obliga a todos, tiene que responder por sus actos”. 

“Estoy seguro que este será el inicio de un proceso que le hará justicia al pueblo, sin menoscabo de  los derechos de todas las partes involucradas”, agregó.