Aunque recalcó que aún el proceso no ha culminado, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que si se convierte en final la multa de $5,000 impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a la delegada por la estadidad, Melinda Romero Donnelly, esta debe pagarla.

Aclaró que hasta que no concluya el proceso no opinaría si Romero Donnelly debe ser destituida del cargo electivo.

“Si se torna final y firme, tiene que cumplir con el pago de la multa. Pero no estamos ahí. Entonces, en cuanto a destitución eso es otro cantar. Ahí hay una diferencia de criterio y habrá que ver qué decide el tribunal, si es que llega al tribunal en su momento”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día.

Relacionadas

  1. Multa de $5,000 a Melinda Romero por no entregar informe financiero

Además de la multa, Romero Donnelly deberá entregar el informe financiero de 2021. La exsenadora argumentaba que ella no estaba obligada a presentar sus informes financieros ante la OEG.

La OEG determinó que Romero Donnelly, según el artículo 5.7, inciso “c”, de la Ley 1-2012, tiene el deber de entregar el referido informe.

Inicialmente, la OEG le impuso a la funcionaria una multa de $100 que esta ignoró. Romero Donnelly luego ignoró un segundo llamado de la OEG para presentar sus informes financieros y otra multa de $500 que se le impuso desde el pasado 30 de junio.

Tras la imposición de la multa, Romero Donnelly tiene 30 días para el pago y emitir el documento o para pedir una reconsideración a la OEG o impugnar el fallo en el Tribunal Apelativo.

“Eso todavía no es final y firme. Si se torna final y firme, pues entonces sí es importante que cumpla con el pago de la multa. Pero mientras no sea final y firme pues es un asunto jurídico. Es un asunto que se está dilucidando”, puntualizó el gobernador.

“Falta todavía para que el asunto esté dispuesto de forma final y firme”, agregó.

La labor de Romero Donnelly, así como la de los otros delegados por la estadidad, ha sido cuestionada públicamente a raíz del costo que implica y de los informes que rinden al gobernador, como lo exige la Ley 167-2020, que dio paso a la llamada delegación congresional.

La labor de los cabilderos por la estadidad, de acuerdo a la Ley 167-2020, concluye el 31 de diciembre de este año. Pero Romero Donnelly ha pedido que la delegación sea una permanente.