Aunque el Código Electoral del 2020 establece que los partidos políticos o candidatos a puestos electivos son responsables de remover su propaganda de los espacios públicos tras haber pasado las elecciones, varios municipios han lanzado a la calle sus brigadas para realizar esos trabajos.

Uno de estos municipios es San Juan, cuyo director de Obras Públicas Municipales, Raúl García, estimó que le tomará por lo menos tres semanas el operativo, que involucra a cientos de empleados municipales y más de 20 camiones y demás equipo.

“En el día de ayer (miércoles) comenzamos una campaña para remoción de todo tipo de rotulación en todos los sectores de San Juan. Por la cantidad que nosotros hemos visto, yo pienso que vamos a estar aquí de dos a tres semanas. Estamos, en principio, en las vías principales para luego entrar a los sectores que es donde más promoción se encuentra en este momento”, detalló el funcionario, que explicó que, de momento, las pancartas, rótulos, volantes y otro material recopilado no se está depositando en el vertedero, pues evalúan la posibilidad de poder reciclarlo.

“Nosotros estamos ahora mismo trabajando con la posibilidad de hacer un proceso de reciclaje de ese material, es mucho material. Aunque ese material, como tenía pintura, es más complicado el reciclaje del mismo... Estamos haciendo las gestiones para ver si a alguien le interesa reciclar ese material”, señaló.

Añadió que van a remover toda la rotulación política, indistintamente del candidato o partido.

“La ley establece que, hasta 30 días de finalizar el evento electoral, (tienen) los candidatos (para que) remuevan la propaganda política, pero nosotros no vamos a esperar eso para mantener a San Juan limpio. Nosotros vamos a limpiar porque nuestra responsabilidad es que la ciudad este limpia”.

De paso, advirtió que existe la posibilidad de que material publicitario colgado en las vías públicas, postes y otros lugares que no es de contenido político sea removido, porque es mucho el personal involucrado en esa tarea, aunque aclaró que intentarán evitar esa situación.

“Es que realmente los postes no son para colocar ese tipo de propaganda. Para ese tipo de propaganda existe el tablón de expresión pública, aunque las personas utilizan cualquier lugar para ponerla... Nosotros vamos a ser respetuosos con la propaganda de las personas, pero hay mucha gente trabajando en la calle, que se puede ir cualquier propaganda de alguien que no necesariamente es de la campaña política”, advirtió.

Respecto al costo que tendrá este recogido en el municipio de San Juan, García no quiso aventurarse a dar un estimado, aunque anticipó que el costo será alto debido a que es mucho material. “Va a depender de los días que nos tome y las horas hombres”.

Otros municipios que han hecho lo propio son Bayamón y Ponce.

En un comunicado de prensa, el municipio de Ponce exhortó a los candidatos a unirse al esfuerzo.

“Al concluir el proceso electoral en Puerto Rico, brigadas de ornato del Municipio de Ponce comenzarán a partir de hoy a remover el material político partidista con la intención de eliminar la contaminación visual y devolverle belleza y el orden a nuestro entorno urbano y rural. El código electoral de Puerto Rico, conjunto de leyes que rige ese evento, en el que cada cuatro años expresamos nuestro sentir a través del sagrado derecho al voto, exige la remoción de la propaganda proselitista a cada partido, organización y candidato. Este material promocional puede alcanzar la cantidad de miles de unidades, por lo que hacemos la exhortación de que cada candidato aporte al embellecimiento de nuestra ciudad y cumpliendo con la ley, se unan a este esfuerzo al integrar a sus equipos de trabajo”, lee el comunicado.

Igualmente, el municipio de Bayamón -tan pronto como el miércoles, al otro día de las elecciones- tenía a sus brigadas removiendo los letreros y propaganda política desplegada en distintos lugares de la ciudad, según se informó.

Sin embargo, lo cierto es que, aunque el Código Electoral les impone esa responsabilidad a los candidatos, el texto de la ley no establece claramente qué ocurrirá si incumplen, y deja a la discreción de la agencia o municipio que remueva el material, el cobrarles a los candidatos por la tarea.

“Dicha remoción de propaganda electoral deberá realizarse en un término de treinta (30) días contados a partir del día de las elecciones. Transcurrido el referido término de treinta (30) días, sin que el partido político o candidato a puesto electivo hayan removido la propaganda política, cualquier agencia estatal o municipal que realice la remoción le requerirá el pago razonable de la labor de remoción realizada”, es lo que establece el artículo 12.21 del Código.

Ante este escenario el representante José “Conny” Varela trabaja en una medida que podría regular ampliamente éste asunto e incluso, sacarlo del Código Electoral e incluirlo en el Código Municipal.

Aunque aún no tiene un borrador, el legislador dijo que la medida podría incluir todo tipo de material publicitario, no solo el político. Sin embargo, dijo que no ve con buenos ojos la posibilidad de imponer multas a los candidatos por esto.

Añadió que podrían regularse otros aspectos, como el tipo de material que se permitiría utilizar para estas pancartas y anuncios y, finalmente, cómo se dispondría de estos una vez removidos.

“Es algo que tengo que trabajar y presentaré próximamente, para aclarar quién es el que debe remover la propaganda, aunque da por sentado que debe ser el candidato, que es lo más apropiado... pero quien ejecuta que lo haga, ahí está la ambigüedad”, manifestó Varela, quien culpó de esa laguna a la forma en que se trabajó y se aprobó el Código vigente.

“Es que este Código se hizo muy atropellado. Esto fue en junio del 2020. En la Cámara no hubo ni vistas públicas... no hubo tiempo ni para leerlo”.

Varela sugirió que una de las cláusulas que podría incluir la medida sería el pago de una fianza por parte de los candidatos para la remoción de la propaganda, en vez de multas, aunque reconoció que habría que estudiar cómo se establecería la cantidad a pagar. Añadió que buscará que la medida cuente con el respaldo de legisladores de otros partidos que se unan como coautores para garantizar que se apruebe y reciba el aval gubernamental para convertirse en ley.