El Municipio de Guayanilla ordenó este miércoles paralizar los trabajos de construcción de una torre de telecomunicaciones en el barrio Indios, sector San Germán, a cargo de la empresa Elite Towers LLC, por alegada falta de pago de arbitrios y patentes.

Esto, tras un intento fallido de emplazar al dueño del proyecto mediante un injuction el pasado 25 de abril en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, con el propósito de aclarar la validez de los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Cabe destacar que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, la empresa ubicada en Parques de Cupey en San Juan, es propiedad de Luis Fernando Ortiz Mercado y fue inscrita el 19 de agosto de 2017. Actualmente aparece como ‘activa’.

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En entrevista con Primera Hora, esta mañana el alcalde Raúl Rivera Rodríguez adelantó su intención de llegar al proyecto “a entregarle una carta al contratista, ya que no aparece el desarrollador, con nuestra evidencia. Hasta que el tribunal no nos obligue a recibir esta patente y este arbitrio de construcción, ahí no construyen”.

“El emplazador que tiene el caso ha ido en tres o cuatro ocasiones a emplazar a esta compañía, pero las oficinas que ellos alegan no son correctas o no hay nadie allí y, los teléfonos que ellos tienen no los contestan”, denunció.

Hoy visité los predios de construcción de la antena de telecomunicaciones en el barrio Indios para notificar a la...

Posted by Raúl Rivera Rodríguez on Wednesday, May 10, 2023

Igualmente, señaló que “ayer fuimos a la construcción, le llevamos copia del injuction a la Policía, pero quien está en el lugar es un contratista que ellos tienen, que está trabajando en la base de lo que será la antena. Ellos indican y, nuestros asesores legales también coinciden, de que tiene que ser con el desarrollador, con el dueño del proyecto”.

Rivera Rodríguez explicó que la construcción de esta torre es de unos 130 pies de altura, en una zona donde los vecinos alegan hay un humedal, además de que el proyecto está cerca de las viviendas e instalaciones deportivas, y de la única vía de acceso que tiene la comunidad, afectada por los terremotos del 2020.

“Ahí está la carretera principal PR-335, la única vía de acceso que tiene la comunidad Indios y la comunidad Boca; une con Yauco. Estamos en zona sísmica, en caso de una emergencia… a seis millas náuticas, frente de esta antena, fue el epicentro del terremoto del 7 de enero de 2020″, expuso.

“(La construcción) es una base de ocho o nueve pies y, a los ocho pies, eso tenía agua. Estamos en tiempo de sequia y hay agua allí. ¿Qué pasará cuando venga el tiempo activo de lluvia, que el nivel freático sube? La preocupación de la comunidad es que se caiga esa antena, en caso de movimiento telúrico”, cuestionó.

Incluso, detalló que la comunidad está preocupada por el daño a la salud que puede ocasionar “la transmisión de esa antena”.

“Ahí hay actividad deportiva todos los días, hay actividad religiosa los fines de semana porque, pues, los templos en el área de la comunidad quedaron devastados por el temblor y han utilizado la cancha desde hace mucho tiempo para hacer sus actividades religiosas”, agregó.

“Nosotros estamos con la comunidad, por eso radicamos el injuction, porque somos personas de ley y orden. Queremos que el tribunal pase juicio sobre los permisos que ellos adquirieron, que el tribunal determine si, en efecto, allí hay un humedal donde está edificándose esa construcción”, aclaró.

De otra parte, denunció que la OGPe autorizó la construcción sin consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la existencia del humedal.

“Nosotros fuimos, personalmente, a hablar con la secretaria de Recursos Naturales (Anaís Rodríguez Vega), indicándole nuestra preocupación de que ahí había un humedal. Ella nos indica que al DRNA no se le pidió su expertise para determinar si en efecto ahí hay un humedal”, argumentó.

“Es un permiso que la OGPe concedió directamente desde sus oficinas. Eso son las vertientes que hemos ido levantando. En efecto, lo que queremos es que el tribunal se exprese, pero si ellos (empresa) se niegan a recibir el emplazamiento, en derecho es como si no estuvieran avisados y, entonces, pueden construir”, admitió.

No obstante, a pesar de contar con el polémico permiso de obra, el alcalde cuestionó el por qué la compañía constructora llevó sus camiones de madrugada, situación que ocasionó el arresto de tres manifestantes, entre estos, el representante José ‘Cheíto’ Rivera Madera.

“Si yo tengo las cosas correctamente, si yo adquirí unos permisos de forma correcta, por qué me escondo o por qué me niego a recibir un emplazamiento. Voy al tribunal, la cita es el 7 de junio y a su vez, clarifico: ‘Hice todo en orden, está todo bien y, que sea el tribunal el que determine’”, apuntó.

“Sin embargo, entran hoy, de madrugada con unos camiones a tirar cemento allí, a las 3:00 de la mañana. ¿Por qué a esa hora, si pudiéramos hacerlo en un horario que tradicionalmente se trabaje ese tipo de construcción? Son las cosas que nos levantan bandera y, sobre todo, crean duda”, insistió.