Cerca de 15 organizaciones que representan a miles de trabajadores del servicio público en agencias, corporaciones públicas y municipios, se preparan para tirarse a la calle en rechazo al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en caso de que la Legislatura ceda a presiones del ente fiscalizador.

En conferencia de prensa realizada ayer frente al Capitolio, varios líderes sindicales advirtieron a los trabajadores sobre una serie de irregularidades en el proceso de votación que culmina el próximo 4 de octubre, que pone en peligro no tan solo el plan de retiro presente y futuro sino los servicios esenciales al pueblo que se ofrecen a través de estos servidores.

De acuerdo con Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, “ese acuerdo, de inicio, haría un pago de cerca de siete mil millones de dólares a los bonistas del fondo general, dejando al pueblo sin garantías para que se pueda garantizar los servicios esenciales, entre estos, salud, educación, vivienda, desarrollo económico, pensiones, entre otros”.

“La propia Junta reconoce que cerca del 2030 hay posibilidad de una segunda quiebra con este PAD y por eso, fuimos a la Legislatura para hablar con los legisladores a solicitar o a reclamar que no den paso a ningún proyecto de restructuración que permita la emisión de bonos y le dé paso a este PAD porque a consecuencia de ello nos quedamos sin retiro los trabajadores activos, los jubilados recibirían recortes draconianos a sus pensiones”, reveló la líder magisterial.

“Por lo tanto, el llamado es al pueblo a votar que no y a rechazar este PAD cuando llegue la boleta por correo, si es que no ha llegado ya. Aparte de rechazar este PAD, que la Legislatura no emita ninguna ley habilitadora que ponga en jaque la Ley por un Retiro Digno que ponga en jaque la garantía de las pensiones y estuvimos allí, cabildeando y hablando con algunos legisladores para garantizar que esto no sea así”, agregó.

Por su parte, Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), hizo un llamamiento a los legisladores, especialmente a los senadores y representantes del Partido Popular Democrático (PPD), a quienes advirtió sobre las consecuencias nefastas de aprobar el PAD.

“Luego que se aprobó la Ley de Retiro Digno, que establece una política pública de cero recortes a las pensiones y protección a los servicios esenciales, incluso, esa ley indica que no se van a permitir impuestos ni aumentos de tarifas en los servicios esenciales, o sea que el alcance de esa ley es bastante amplio”, mencionó.

“Escuchar a legisladores, particularmente al presidente de la Cámara y al senador Juan Zaragoza, decir que están en una negociación con la Junta y que están planteando la posibilidad de que el recorte de las pensiones aplique, no a los que reciben $1,500 o más en su pensión mensual sino $2,000 o más de su pensión, eso es inaceptable y eso es renunciar a lo que ya habían establecido como política pública en la Ley del Retiro Digno”, afirmó.

Por eso, Nieves Torres, en conjunto con lideres de otras organizaciones como UNETE, Educamos, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), entre otros, exigieron a los legisladores que se mantengan firmes en la posición asumida con la Ley de Retiro Digno, de cero recortes a las pensiones.

“La Junta nunca ha negociado con la Legislatura ni va a negociar con la Legislatura. Lo que pasa es, como habíamos anticipado, la Junta necesita que el PAD se legisle para aprobar y avalar ese PAD, y, como la posición de la Ley de Retiro Digno es que no vamos a avalar el PAD si tiene recorte a las pensiones, por eso es que la Junta está tratando de convencer al gobernador y a los legisladores de que renuncien a esa posición”, destacó.

“Estamos desarrollando acciones para llevar información a los legisladores para que tengan los criterios adecuados para rechazar cualquier legislación que le presenten la semana que viene relacionada al PAD, porque se proyecta que para la semana que viene, esperan tener esa legislación en discusión”, añadió.

De otra parte, Martínez Padilla tildó de traición la acción del liderato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, a quienes acusó de amañar el proceso en detrimento de la clase magisterial activa y jubilada.

Según la líder sindical, esto impactaría a unos 22,000 probatorios y permanentes, 4,200 transitorios y miles de jubilados con pensiones de $1,500 mensuales en adelante, quienes tendrían derecho a votar en dos de las tandas fijadas entre el jueves 23 y jueves 27 de septiembre.

“Es un proceso totalmente amañado, manipulado y controlado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. En el caso de los maestros, si se aprobase este acuerdo que está dentro del PAD, equivaldría aumentar la edad de jubilación presente de 55 a 63 años y equivaldría a dejar todos los maestros activos sin pensión del 75% del salario vitalicio, después de trabajar 30 años y tener 55 años de edad, elimina la compra de servicios para poderse jubilar, elimina la pensión mínima de $400”, detalló.

“Esto es lo que se le ofrece por parte de la Asociación de manera vergonzosa al magisterio. La Asociación se lucra de fondos sin elecciones sindicales, manteniéndose con la representación exclusiva, con los gastos de honorarios de sus abogados pagos, con los gastos publicitarios pagos, todo esto si las maestras y maestros votan favorablemente a este acuerdo que entrega en bandeja de plata el sistema de retiro de maestros, lo deja inoperante, y deja a miles de maestros en la indigencia”, recalcó al señalar que “el acuerdo de la Asociación es un acuerdo directo al PAD, así lo reconocen en su acuerdo”.

Explicó que presuntamente el acuerdo endosado por la Asociación de Maestros “incluye los recortes de las pensiones de los ya jubilados del 8.5% de toda pensión mayor a $1,500 dólares”, lo que a su juicio revela una alta tradición a los educadores del Sistema Público de Enseñanza.

Esto, ya que aparentemente los dirigentes de los maestros asociados no han mostrado la papeleta a los educadores con derecho al voto.

“Estas papeletas están llegando por correo, pero están sumamente atrasadas. Las votaciones del PAD terminan el 4 de octubre de 2021. Esto se puede hacer de manera electrónica, por correo postal o yendo directamente a alguno de los centros de votación, sin embargo, está sumamente atrasado”, expuso.

Finalmente, Nieves Torres reiteró que, de no contar con el apoyo de la Legislatura se tirarán nuevamente a la calle en reclamo a los derechos de los trabadores.

“Aprobar un PAD, no solo afecta las pensiones sino los servicios esenciales que nosotros ofrecemos en las corporaciones y agencias públicas porque comprometerían gran parte del Fondo General para el pago de esa deuda, obviamente van a recortan en el Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Policía de Puerto Rico, corporaciones públicas como AAA, Fondo del Seguro del Estado, ACAA, todas las agencias y corporaciones públicas quedarían amenazadas y se impulsarían más privatización de esos servicios”, argumentó.

No obstante, admitió que “hay que ver si hay disponibilidad del pueblo y de los trabajadores de tirarse a la calle para repudiar ese retroceso que hiciera la Legislatura”.