El desplazamiento y la falta de viviendas asequibles en Puerto Rico ha retorcido el inventario de residencias que se arrendan para los beneficiarios del programa de Sección 8, quienes a pesar de tener un “voucher” para el pago de alquiler a la mano, pueden pasar meses en la calle en la búsqueda de un hogar seguro.

En la isla, más de 100,000 familias se benefician al menos de un programa de subsidio para alquiler de una vivienda, siendo el más conocido el Programa de Sección 8, el cual provee a núcleos de escasos recursos económicos la oportunidad de obtener un vale de ayuda para pagar el alquiler de una vivienda segura, decente y sanitaria. Este subsidio federal, está contenida en la sección 8 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1974 y es administrado en Puerto Rico a través de algunos municipios y la Administración de Vivienda Pública (AVP).

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En entrevista con Primera Hora, el administrador de AVP, Alejandro Salgado Colón, detalló que, actualmente, el programa de Sección 8 (a nivel estatal) cuenta con 12,875 vales, 11,431 contratos y la disponibilidad de otorgar 463 “vouchers” adicionales a familias necesitadas.

Sin embargo, de las ayudas aprobadas “hay 517 vales en la calle”. Esto significa que son personas sin hogar que están en búsqueda de una casa a través de un arrendador que tenga contrato con el gobierno para alquilar su propiedad a través del programa de Sección 8, una tarea que cada vez se hace más cuesta arriba debido a la falta de inventario.

Por lo general, después que se le otorga un vale a una persona esta tiene entre 30 a 60 días para contratar la vivienda, pero se han tenido que conceder extensiones, porque hemos visto que después de la pandemia ese término de búsqueda de un hogar aumentó y puede ser que se tarde de 90 a 120 días... diría que la mayoría se está tardando”, puntualizó Salgado Colón sobre el programa federal que se nutre de $88.1 millones.

Alejandro Salgado Colón, administrador de la Administración de Vivienda Pública.
Alejandro Salgado Colón, administrador de la Administración de Vivienda Pública. (Teresa Canino Rivera)

A este escenario se suma el hecho de que hay 5,070 personas o familias en listas de espera y con la esperanza de que se les otorgue el beneficio.

Según datos del Censo, en 2022, el 42% de la población de Puerto Rico y el 58% de los menores de 18 años viven en pobreza.

El administrador de vivienda pública explicó que los pueblos con más vales contratados son San Juan, Bayamón y Carolina y es, precisamente, en estos municipios, incluyendo a Caguas, donde más personas hay en listados de espera.

¿Han hecho el análisis para saber qué está ocurriendo y si el asunto se debe al alto inventario que hay de propiedades de alquiler de corto plazo?, le preguntamos a Salgado Colón tomando en consideración información que indica que en el mercado actual los caseros salen mejor alquilando sus propiedades por cuenta propia, pues les genera más dinero que el contrato con el gobierno.

“No me atrevería adjudicarlo a lo que son los alquileres de corto plazo, lo que sí puedo decir es que hay mayor demanda de alquiler y que eso ha afectado la oferta que hay disponible en el programa, y por eso las personas (beneficiarios de Sección 8) se tardan más (en conseguir un hogar)”, respondió.

Y, en comparación con otros pueblos, el problema de inventario de viviendas que hay para satisfacer las necesidades de los beneficiarios de la ayuda de vales se agrava en las islas municipios de Vieques y Culebra, donde no hay una sola unidad contratada bajo los términos del programa federal. A esto se suma que desde la pandemia se ha generado un aumento en precios de propiedades y desplazamientos para el desarrollo de casas de lujo, principalmente en las costas de la isla.

En Culebra, a diferencia de Vieques, no hay residenciales públicos por lo que las opciones de seguridad de vivienda para familias con ingresos bajos o que viven bajo el nivel de pobreza son todavía más limitados.

En el caso de la Isla Nena, hay dos residenciales públicos (César Coca González y Jardines de Vieques) con 133 unidades llenas a capacidad a través de 389 residentes. “Actualmente, hay 103 solicitudes de personas en espera”, precisó Salgado Colón.

“Estamos enfocados en poder atender la disponibilidad de viviendas asequibles en Vieques a través de distintas estrategias para aumentar las viviendas subsidiadas en el municipio... entre estas estamos evaluando la posible adquisición de viviendas que ya están desarrolladas para preservarlas y ofrecerlas a través de sección 8 o sección 9″, agregó el funcionario.

Acotó que entre las alternativas de propiedades se encuentran las estructuras abandonadas que han sido ocupadas por decenas de familias que, ante la falta de un techo en donde pernoctar, se han visto obligados a vivir en lugares inseguros y sin servicios básicos como agua o luz, tal como reportó Primera Hora hace más de un año.

En medio de la pesadumbre en la que viven decenas de estas familias pobres en Vieques, el gobierno también busca construir en un periodo de dos años y medio un nuevo complejo de viviendas públicas para 100 familias. Así lo anunciaron hace unos meses la AVP y el alcalde José “Junito” Corcino, al explicar que el proyecto se llevaría a cabo en unos terrenos propiedad del municipio con $45 millones provenientes de los fondos ARPA (American Rescue Plan Act) que deben estar obligados para septiembre de 2025 y utilizados para el 2026.

“Igual que miramos atender la situación de Vieques en un futuro no descartamos también el desarrollo en Culebra. A la fecha no tenemos ningún proyecto encaminado, pero no lo descartamos”, sostuvo Salgado Colón.

Otras estrategias

Aunque Salgado Colón no supo precisar cuántos contratos se han perdido en el programa en el último año a causa de la merma en disponibilidad de propiedades para renta, puntualizó que la situación se está atendiendo con varias estrategias, entre estas el Programa de Incentivo al Arrendador.

El incentivo, explicó, permite que se beneficien tres tipos de arrendadores. Por ejemplo, se le otorga $500 por tres meses a todo arrendador de una propiedad que sea nuevo participante dentro del programa. También está la opción que ofrece $500 por dos meses a todo arrendador que, aunque ya participe del programa, integre una nueva unidad para alquiler. Mientras que se pagará $500 por un mes a arrendadores que regresen al programa con una unidad que participó previamente de la iniciativa.

“A la fecha, se han otorgado 1,226 vales con una inversión de $1.7 millones”, explicó el administrador de AVP, quien no descarta una nueva ronda de estos incentivos.

De otra parte, dijo que se ha estado autorizando aumentos al pago de rentas “buscando incentivar a propietarios para que pongan sus propiedades bajo alquiler en el programa”.

El monto del subsidio de los “vouchers” por alquiler varían de acuerdo al ingreso del beneficiario, el lugar donde está localizada la propiedad y la composición de la estructura.

Por ejemplo, según Salgado Colón, una casa de una habitación fluctúa entre $630 y $777; de dos habitaciones entre $727 y $877; tres habitaciones entre $895 y $1,246; y cuatro habitaciones entre $1,015 y $1,494.

De igual forma, el funcionario destacó el desarrollo de proyectos de vivienda pública -además de los de Vieques- en Carolina, San Juan, Guaynabo y Caguas. Entre estos proyectos habrá un total de 1,100 unidades.