Un proyecto que busca enmendar la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 22 de 2011) ha generado controversia en la Cámara de Representantes por cambios introducidos a última hora, uno de los cuales eliminaría el fondo alternativo, un método de pareo de fondos al que se acogen los candidatos a la gobernación de los partidos minoritarios.

El Proyecto de la Cámara 1881 fue rechazado en la sesión de la noche del miércoles por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD) y se iba a llevar a votación anoche, pero se dejó en suspenso, luego que el vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela Fernández sorpresivamente pidió que lo retiraran como uno de los autores de la pieza legislativa. La medida fue radicada el pasado 2 octubre por Varela Fernández y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

La Ley 222 para el Financiamiento de Campañas Políticas provee actualmente dos modelos de financiamiento público para los candidatos a la gobernación. Mediante el fondo alternativo, el Departamento de Hacienda parea hasta $1 millón, si el partido o candidato deposita $250 mil, en una proporción de cuatro a uno. En el otro fondo, el gobierno parea hasta $5 millones cuando la colectividad o el candidato depositan otros $5 millones, en una proporción de uno a uno. Ambos fondos son voluntarios.

Otra de las enmiendas extendería hasta el 31 de enero de 2024 el período sin veda electoral, en vez del 31 de diciembre de este año, como establece ahora la ley.

El candidato a gobernador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez se presentó en la tarde de hoy al Capitolio y junto a los portavoces de la colectividad en Cámara y Senado, Denis Márquez Lebrón y María de Lourdes Santiago Negrón, denunció que las propuestas enmiendas a la Ley 222 constituyen “una mordaza” para los partidos alternativos.

“La intención es evidente, es imponer una nueva ley de la mordaza, para que los partidos que somos alternativas al bipartidismo rojo y azul, no tengamos la misma capacidad de expresión en el contexto de las campañas políticas. Es ponernos una mordaza para evitar que el país tenga distintas opciones sobre la mesa y eso es un atentado no solamente contra los partidos que representamos la alternativa al bipartidismo rojo y azul, es un atentado contra la democracia y contra el derecho que tiene el pueblo de recibir en igualdad de condiciones un mensaje en el contexto de una campaña política”, reclamó el líder del PIP.

Dalmau Ramírez dijo que el proyecto quedó sobre la mesa, “pero la enmienda se aprobó lo que significa que hoy jueves que es el último día de sesión podrían traerlo a votación sin debate”. También dijo que podrían traerlo en la próxima sesión ordinaria en enero de 2024.

“El Partido Popular hace en contubernio con el Partido Nuevo Progresista, cuyo gobernador (Pedro Pierluisi) ha anunciado, jactándose que ya ha recogido $6 millones y eso no fue vendiendo pasteles ni recogiendo peseta a peseta en los semáforos. Esos son fondos que se ha allegado por los contratistas y los inversionistas políticos”, indicó.

Dalmau Ramírez explicó que mediante el fondo voluntario alternativo al recaudar $250 mil, se parea hasta $1 millón y ese es el tope. “Ese fondo fue el que utilizaron los candidatos a la gobernación en la pasada campaña”, sostuvo.

Por su parte, el vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela Fernández, quien radicó la medida junto con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que quitó su firma de la pieza legislativa porque las enmiendas se alejan ”sustancialmente del proyecto original que nos trajo el contralor electoral (Walter Vélez), que contenía las garras y las disposiciones suficientes para atajar la corrupción” en el financiamiento de campañas políticas.

“Por eso yo solicité que me eliminaran como autor de la medida porque entendía que no era un buen proyecto para el pueblo de Puerto Rico y para combatir la corrupción. Hay unas disposiciones que a mi juicio perjudican a las minoría y yo creo que en este juego hay cinco partidos, unos son más fuertes que otros y tenemos que proteger que la voz de los de abajo, de los electores, se escuche en todo Puerto Rico”, dijo Varela Fernández, quien la noche del miércoles justo cuando comenzaba el debate de la medida anunció que se retiraba como uno de los autores.

En un turno en el debate, el portavoz del PIP en la Cámara, Márquez Lebrón tildó de “barbaridad, injusticia y descaro”, las enmiendas.

“Esto es un atentado contra los partidos políticos de minoría. Parece que el miedo los está arropando y nos podemos convertir en partidos de mayoría. Le pueden poner las etiquetas que quieran a las concertaciones, pero el país los está mirando. Mantienen la jauja de los $5 millones del inversionismo politico, a todos los que están presos por ese esquema, mientras se elimina el fondo voluntario, el fondo limitado, el que le ahorra fondos al país y es modesto para hacer una campaña política”, sostuvo Márquez Lebrón.

Dijo que el PIP durante décadas ha insistido en el financiamiento público de las campañas para eliminar o impedir el inversionismo político.

“El modelo que más le cuesta dinero al país, el que mas utiliza fondos públicos es el modelo del pareo peso a peso hasta $10 millones. Le podemos llamar el modelo Oscar Santamaria, donde se promueve el inversionismo politico, donde los grandes intereses se acomodan y en un acto de cobardía política, sin ningún tipo de honradez legislativa, quieren eliminar de golpe y porrazo este fondo, el fondo voluntario alterno. Nadie sabe de dónde salió esto, nadie tiene una explicación. No aparece el autor de la enmienda”, reclamó el legislador independentista.

“Algo está pasando cuando uno de sus autores decide retirar su autoría y se trata del presidente de la comisión informante”, expresó por su parte, el portavoz del MVC, Márquez Reyes.

El Portavoz del MVC indicó que el contralor electoral, Walter Vélez había propuesto otro proyecto por petición para mejorar la Ley 222 de 2011. Dijo que el Proyecto de la Cámara 1676, fue radicado por Varela Fernández y Burgos Muñiz, pero la medida “se quedó en una gaveta legislativa por razones hasta hoy desconocidas”.

Sostuvo Marquez Reyes que el PC 1676 incluía ‘”una fiscalización más efectiva de las campañas políticas, pero algo no le gusto a la Asamblea Legislativa y se engavetó”. Sostuvo que la nueva medida (PC 1881)le resta facultades al Contralor electoral.

“Este Proyecto (PC1881) no es bueno para el país, no es bueno para la democracia ni para la fiscalización de las campañas”, agregó Márquez Reyes..

“No lo avalo y mi voto es en contra”, dijo por su parte la portavoz del Proyecto Dignidad, Burgos Muñiz.