Una resolución de la senadora pipiola, María de Lourdes Santiago para investigar el cierre de escuelas sacó a relucir la pluralidad de votos que domina en el Senado para la aprobación de medidas legislativas.

La mayoría popular trató de enmendar la medida para limitar la investigación, que cubre desde la administración del exgobernador Alejandro García Padilla hasta el presente, pero no logró los votos para prevalecer.

Las enmiendas, del portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, que buscaban eliminar del texto de la medida los nombres de los exgobernadores García Padilla y Ricardo Rosselló, fueron derrotadas por todos los senadores de minoría en votación de 12 a 11.

La resolución ordena a la Comisión de Educación del Senado a realizar una investigación exhaustiva sobre el destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.

“Me opondré también a las enmiendas al título que busca achicar el trabajo de esta resolución”, reclamó la senadora Santiago en un turno sobre la pieza legislativa.

Posteriormente, se aprobaron otras enmiendas menores y de estilo en sala, propuestas por el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau. Finalmente, la medida se aprobó en votación unánime.

“Los compañeros de minoría no se percataron que el derrotar las enmiendas la medida no decía a dónde iba a ser referida la investigación. Conversé con los portavoces y le hice una enmienda en sala para corregirla”, dijo Dalmau al detallar que una de sus enmiendas precisó que la pieza legislativa fuera referida a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura.

“La medida no limita la investigación. Las enmiendas originales buscaban que se votara unánimemente por ella y al final terminó todo el mundo apoyándola”, sostuvo el líder senatorial.

En su turno en el debate, la senadora Santiago argumentó que el Departamento de Educación clausuró el 44 por ciento de los espacios públicos educativos en el País, proceso que comenzó a acelerarse en 2011.

“Fueron unos episodios realmente trágicos. Recuerdo el cierre de la escuela Lola Rodríguez de Tió, en Carolina, única para niños con diversidad funcional con diagnósticos severos”, sostuvo la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Santiago aludió a un estudio del economista José Caraballo Cueto que estableció que el cierre de las escuelas públicas afectó a la gente más pobre de la zona rural en Puerto Rico.

La senadora agregó que solo el 4 por ciento de los planteles cerrados “le ha generado recursos al tesoro”. Incluso, cuestionó que en los pueblos del suroeste afectados por los terremotos, se cerraron escuelas sismo resistentes y se dejaron abiertas las de columna corta.

El senador de la Palma, Henry Neumann admitió que con el cierre de planteles “no hubo economía alguna” y calificó de “un desastre” la decisión tomada por la ex secretaria de Educación, Julia Keleher.

“Nos decían que había que cerrar escuelas por economías y cual fue la economía, los maestros seguirán en nómina. Si hay menos estudiantes en un plantel, pues cierra el segundo piso o el ala derecha, pero no me envíes a niños a lugares como en Aguas Buenas donde las distancias son difíciles de recorrer a lugares lejanos para recibir el pan de la enseñanza”, agregó.

“En San Juan tengo planteles llenos de cerdos donde los están criando para después matarlos. Tengo planteles que sirven para jugadas de gallos clandestinas y, la Luchetti (en el Condado) se ha convertido en hogar para personas sin techo”, dijo Neumann.

El portavoz alterno de la delegación penepé, Carmelo Ríos reconoció a su vez, que algunas de estas escuelas se han convertido en estorbos públicos y que el propósito del exgobernador, Ricardo Rosselló “no se logró”.

“Cuando la gente tiene la oportunidad de prevenir un disparate es cuando se debe actuar”, le ripostó el senador independiente, José Vargas Vidot.

“Mi mensaje es que no olvidemos lo que ha pasado y que estemos conscientes de que esto jamás debe de ocurrir en el País. Miremos informes de la Unesco sobre el impacto funesto que tiene el cierre de planteles en cualquier país. Había unos que lo que querían era ampliar la cartera de sus negocios”, sostuvo Vargas Vidot.

Dijo que la resolución debe ser una lección de política, de no repetir los errores y “detener a los gobernantes que pretenden utilizar al País como una finca privada

“El problema va más allá de la Secretaria de Educación, el problema de Puerto Rico es que se ha señalado un gasto excesivo, gigantismo y reducción de gastos y con esa lógica se cierran instituciones, de destruye a la Universidad de Puerto Rico, el Archivo General y el Instituto de Cultura y se están cerrando escuelas”, expresó el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe.

“No es invento de Julia Keleher, es la política que yo llamo neoliberal que va en contra de las necesidades del pueblo”, agregó Bernabe.

“Moraleja no podemos tener a gente con la óptica financiera tomando decisiones sobre la educación. Para ahorrarnos cuatro pesetas estamos tirando por la borda la educación”, expuso por su parte, el senador popular y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.

El Senado también aprobó hoy una resolución concurrente en rechazo al recorte salarial de $125.00 en el salario mensual de los bomberos.

La medida, de la senadora popular Rosa Vélez, exhorta al gobernador Pedro Pierluisi a hacer las gestiones necesarias para que se continúe pagando el aumento en el sueldo de los bomberos, legislado en 2019, detenido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Se expresa el apoyo cabal de esta Asamblea Legislativa con los Bomberos de Puerto Rico en su reclamo de mantener el aumento salarial aprobado en 2019 y se rechaza enérgicamente la intención de la JSF y el anuncio del Poder Ejecutivo de dejar de honrar el referido aumento al 31 de enero de 2021”, dice la resolución.

Igualmente, se dio paso a otra resolución, del senador Vargas Vidot, para que la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado realice una investigación en torno al incumplimiento de la Ley de Ajuste Salarial del Cuerpo de Bomberos.