El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel González Maldonado, confirmó que en los pasados meses esa agencia ha emitido sobre 48 mil avisos de sobrepago a beneficiarios de los programas de Desempleo y Desempleo Pandémico (PUA), a quienes se les reclama el reembolso de fondos que les fueron pagados y que, posteriormente, se estableció que no tenían derecho a los mismos.

Aunque no precisó cuánto dinero pagado en exceso debe recobrar la agencia, el funcionario reveló que algunas personas recibieron partidas de miles de dólares que luego se determinó que no les correspondían.

“Hay de todo… yo he visto cartas, por dar un número, de $15 mil de recobro, de $27 mil”, explicó González Maldonado en entrevista con Primera Hora. De paso, aclaró que, aunque se han emitido sobre 48 mil avisos, esto no representa que haya la misma cantidad de transacciones de recobro, ya que en ocasiones las personas reciben hasta un tercer aviso sobre la situación.

Para muchos de los beneficiarios, la notificación de un sobrepago los ha tomado por sorpresa ya que, en el momento de reclamar beneficios, estos lo hicieron correctamente y, en efecto, la agencia emitió los pagos. Sin embargo, a medida que el programa de Desempleo Pandémico fue evolucionando, se encontró que por diversas razones hubo gente que recibió pagos para los que no cumplían con todos los criterios de elegibilidad y ahora deben devolver ese dinero.

Sin embargo, según el secretario, antes del envío de estas cartas, los beneficiarios afectados debieron recibir una notificación del DTRH informándoles sobre la determinación de sobrepago y dándole un término para apelar la misma.

“Lo que pasa es que, de diciembre del año pasado, 2023, se han estado emitiendo más cartas de cobro de lo usual, y estas cartas de cobro en su inmensa mayoría tienen que ver con beneficios de Seguro por Desempleo y PUA y otros programas pandémicos que se cobraron durante el periodo más crítico de la pandemia, por llamarlo así. Estamos hablando 2020-2021″.

Las notificaciones, añadió González Maldonado, “se retomaron recientemente en diciembre, por varias razones. Número uno, que nosotros aquí en el departamento, constantemente, en cumplimiento con leyes, reglamentos y auditorías que nosotros tenemos a nivel federal y estatal, tenemos que auditar los expedientes de los distintos beneficiarios, de los miles de beneficiarios que tenemos -y que sabemos que ese número creció exponencialmente durante la pandemia- para detectar si hubo o no un sobrepago. Para determinar si el pago que salió de aquí fue realizado a un reclamante elegible, y de una manera y por una cuantía correcta. En caso de que se identifique un sobrepago a ese reclamante, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es informarle de la situación y las acciones a seguir en caso de que no esté de acuerdo con nuestra determinación. Previo a estas cartas de cobro que están llegando estos últimos meses, ya ese reclamante se supone que hubiera recibido una determinación indicándole que se está estableciendo un sobrepago. Ahora lo que estamos viendo son unas cartas de cobro que, realmente, el sistema las empieza a producir en 30 días, en 60 días y 90 días”, detalló.

A diferencia de otros casos que han sido procesados en los tribunales, los casos de sobrepago no tienen que ver con reclamaciones fraudulentas (aunque pudiesen existir casos), ni tampoco necesariamente con pagos que fuesen emitidos incorrectamente o en exceso por la agencia. Se trata de pagos que fueron emitidos sobre la marcha a medida que los programas se creaban y se emitían directrices por parte del Departamento del Trabajo Federal que, eventualmente, pudieron haber sido redefinidas o reinterpretadas.

“Recuerda que estamos hablando de asuntos que pasaron en medio de la implementación de todos los otros programas pandémicos en el pico de la pandemia y sabemos los problemas que hubo de limitación de personal y las limitaciones de sistema durante ese proceso, el hecho de que eran programas puramente nuevos y que, incluso, a nivel del gobierno federal, y por tanto, a nivel de las instrucciones que se transmitían a nivel estatal también, en Puerto Rico, hubo varios cambios a nivel programático que suscitaron varias situaciones”.

“Esa validación de que el reclamante era en efecto elegible y cumplía con todo lo que tenía que cumplir, se daba el momento en que empezaron a salir los cheques del PUA, por ejemplo. Así que esto fue evolucionando, se fueron atravesando controles adicionales, se fueron implementando plataformas adicionales, eventualmente, como parte de la evaluación continua de los procesos de auditoría que nos manda el gobierno federal, que esto es algo que hay que hacerlo. En caso de que se encuentre que el desembolso no se hizo correctamente, el gobierno federal nos exige que nosotros iniciemos estas acciones de recobro como las que estamos haciendo ahora”, sostuvo.

El secretario explicó que los reclamantes afectados están recibiendo cartas en las que se les orienta para que emitan un pago de manera inmediata por la cuantía reclamada. No obstante, añadió que los afectados tienen la opción de solicitar un plan de pago si entienden que no pueden pagar la cantidad total, o que incluso es posible que algunos de los reclamantes no hayan recibido la notificación original de que se estableció un sobrepago, por lo que no habrían tenido la oportunidad de apelar la determinación, por lo que exhortó a aquellos afectados por la situación solicitar una cita en turnospr.com para orientarse al respecto.