Miguel Romero va por la alcaldía de San Juan
El senador novoprogresista lamenta el estado en el que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz tiene a la ciudad capital.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
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El senador Miguel Romero anunció hoy su aspiración a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
En declaraciones a varios medios radiales, Romero dice que aspira a restaurar la ciudad capital, actualmente gobernada por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, quien ha dicho que no volverá a esa posición y que tiene la mira en la gobernación.
“Vamos a ocupar la presidencia del partido primero… y lograr eventualmente el apoyo de todos los sectores para lograr la alcaldía de San Juan”, dijo Romero en Radio Isla.
“Formalmente estaré radicando el 2 de diciembre la candidatura a la presidencia de San Juan camino a la alcaldía de San Juan”, afirmó el senador en WKAQ, quien dijo que en la actualidad la capital bajo la actual alcaldesa “está hecho un chiquero”.
Entre sus propuestas estaría enfocarse en la administración del Municipio, con un plan de trabajo hasta 2030, atender temas como la limpieza de la capital, fortalecer la economía y establecer zonas de revitalización, que incluiría llevar las dependencias municipales a Río Piedras.
Romero, quien en las pasadas elecciones no logró ganar la presidencia del PNP en San Juan, no es el primer en anunciar su aspiración a San Juan para el 2020 porque el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Armando Valdés, expresó la semana pasada su interés por el cargo bajo el Partido Popular Democrático (PPD), y hoy dio la bienvenida a la aspiración de Romero.
Según Valdés, entrevistado en Radio Isla, “es positivo” que personas buenas aspiren a diversas posiciones políticas, y dijo que entiende que el senador novoprogresista es una buena persona.
Una que ha coqueteado con la posición de la alcaldía pero no ha anunciado formalmente aspiraciones es Rossana López, quien recordó en la misma radioemisora que Romero fue el secretario del Trabaio cuando el gobernador Luis Fortuño aplicó la “medicina amarga” de despedir miles de empleados públicos al amparo de la Ley 7.