Ayer el legislador defendió su labor en esa investigación y aseguró que al recomendar el archivo de la querella contra Héctor O’Neill Rosa lo hizo “basado en evidencia”.

A su mejor recuerdo la pesquisa se realizó durante unos 90 días aproximadamente. Sin embargo, el legislador no pudo precisar cuánto facturó por hora en el ese período porque "no recuerdo esa parte".

Un examen de Primera Hora en la Oficina del Contralor no reveló ningún registro de contrato entre el municipio y el licenciado.

Romero explicó que en el 2015 ya estaba contratado para analizar unas querellas de “horas y salarios” del Departamento del Trabajo federal. Mientras realizaba esas labores, la vicealcaldesa le asignó ser el oficial examinador de la querella.

“Yo tengo una relación o he tenido una relación con el alcalde Héctor O’Neill como compañero de partido y como el funcionario, yo como senador y en algún momento fui abogado. Eso no puede utilizarse para representar que hubiese un toallazo. Eso no hay manera... porque no es mi proceder”, declaró. 

Alegó que el informe que rindió “de más de 30 y pico de páginas” fue “minucioso”.

“Cada determinación de hechos está sustentada, no a base de inferencias, ni de especulaciones de este servidor. Está sustentada por documentos y por testimonios, de entrevistas”, agregó.

Ninguno de los abogados de la mujer querellante levantó reparos sobre el procedimiento, o pidieron reconsideración, alegó.

Sobre la pesquisa que inició el Departamento de Justicia ante un posible hostigamiento sexual del alcalde contra una mujer policía, Romero indicó que la pesquisa se debe llevar a las últimas consecuencias y concluir lo más pronto posible.

“No podemos extender esto por mucho tiempo. Esto tiene que saberse ya”, afirmó.