El secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó este jueves que modificó la Oficina de Investigación que se creó para velar que se cumplieran con las órdenes ejecutivas del COVID-19 y que su director, Jesús Hernández, regresó a su puesto regular en el Departamento de Hacienda.

La movida se dio el pasado 28 de enero, según se establece en el boletín administrativo 528, copia del cual obtuvo Primera Hora.

Mellado informó a este diario que “como parte de la reorganización que se está llevando a cabo en el Departamento de Salud en aras de buscar mayor eficiencia administrativa y ahorro en gastos operaciones, la Oficina de Investigaciones fue reclasificada como una división operacional de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS)”.

El boletín administrativo especifica que se creó ahora la División de Investigación, bajo SARAFS, quien es dirigida por el licenciado Edwin León Pérez, como secretario auxiliar.

Las funciones que tendrá “su personal (son) las mismas responsabilidades, deberes y obligaciones (que tenían bajo la Oficina de Investigación). A la misma vez complementará las labores y gestiones fiscalizadoras de las otras divisiones operacionales de dicha secretaría. El equipo, ahora, también fiscalizará la Ley 4 de Sustancias Controladas e inspeccionará las facilidades en hospitales, farmacias y a profesionales de la salud”.

Luego, Mellado informó que Hernández “regresa a su plaza regular en el Departamento de Hacienda luego de haber cumplido con su misión en el Departamento de Salud durante el transcurso de la pandemia”.

En conversación telefónica con Primera Hora, Hernández informó que no podía dar detalles de su salida de Salud.

“Me voy imposibilitado de hacer expresiones, porque mi agencia no me lo permite, donde estoy ahora mismo”, sostuvo.

Confirmó que salió de Salud y que regresó a la plaza que ha ocupado por los pasados 28 años en Hacienda, que es de agente especial fiscal del área de Inteligencia y Fraude Contributivo. Comentó que desde allí investiga crímenes de cuello blanco y lavado de dinero, entre otros delitos.

La Oficina de Investigación que dirigió Hernández, en esencia, se dedicó a imponer multas y a cerrar negocios, junto a otras agencias del gobierno, por no cumplir normas como el uso de mascarilla, distanciamiento social y otras medidas impuestas para evitar contagios por COVID-19.

Su impacto más recordado fue contra una fiesta en una finca en Morovis, caso que llegó ante los tribunales.