La cabildera por la estadidad Melinda Romero aseguró hoy, viernes, que el salario anual de $90,000 —y hasta $30,000 adicionales para gastos autorizados— no le dan para vivir y que, en parte, depende de los ahorros de su madre, la ex primera dama Kate Donnelly.

El promedio salarial en Puerto Rico es de $25,332, según reveló el pasado 19 de abril el director del Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, José Caraballo Cueto, sobre una radiografía del sector privado en el país.

“No, no, no me da. La realidad es que no me da. Mi mamá, con unos ahorritos que tiene, me ayuda, pero no, no me da. Ella me ayuda a mí”, expresó la novoprogresista en entrevista radial con Radio Isla.

Asimismo, negó que con el ingreso que obtiene de las arcas del gobierno, con el objetivo de adelantar la anexión del archipiélago borincano a Estados Unidos, mantenga a su progenitora, viuda del fallecido exgobernador Carlos Romero Barceló.

“Mi mamá tiene su propio pecunio. Lo que pasa es que yo vivo con ella. Me mudé con mis papás el año pasado cuando mi papá enfermó. Obviamente, mi mamá ahora está sola y ella y yo vivimos juntas ahora. Somos el dúo dinámico”, expresó.

Donnelly hasta viaja con su hija a Washington D.C. para acompañarla en sus labores, sostuvo la funcionaria.

Pide la renuncia de Elizabeth Torres

Por otro lado, Melinda Romero le pidió la renuncia a su compañera de labores electa Elizabeth Torres, con quien ha protagonizado diversos encontronazos por la estadidad en lo que es, hasta ahora, la peor crisis interna de los cabilderos.

Esta semana, la organización Young Democrats of Puerto Rico remitió un referido al Departamento de Justicia en contra de Torres para que el secretario Domingo Emanuelli inicie su proceso de destitución luego que afirmara que la estadidad es un “espejismo”, que no sería alcanzada, y que el gobernador Pedro Pierluisi era un corrupto.

“La señora Torres hizo unas expresiones públicas en la que demuestra que ella no tiene intensión ni interés de hacer el trabajo para el que fue electa y juramentó. Entiendo, al igual que los jóvenes demócratas y un sinnúmero de agrupaciones, que si ella no tiene interés y no va a participar tiene que retirarse y dejar que otra persona ocupe ese puesto”, indicó Romero.

Las organizaciones Juventud Estadista y Estadistas LGBTT también se unieron para denunciar lo que llamaron “falta de ejecución pro estadidad” de Torres y su “agenda divisoria” al movimiento que busca la anexión de Puerto Rico al país norteamericano.

Romero también puntualizó que a Torres le asignaron hace dos meses preparar un plan para la delegación, pero que, hasta el momento, no lo ha presentado. La encomiendo surgió luego que Torres criticara que cada congresista trabajara por separado.

“Ella vino la primera semana de julio, pero fuera de eso no ha regresado a Estados Unidos”, añadió la hija del exgobernador.

“Cada uno tiene una agenda particular”

Romero no pudo precisar cuántas reuniones ella ha sostenido en la capital federal para cumplir con su encomienda.

“Depende de qué tipo de reunión... No te puedo dar el número exacto porque no ando con mi calendario a la mano, pero sobre las 40″, contestó.

Sin embargo, dijo que, en general, se han reunido con personal de los congresistas, con grupos de apoyo y con algunos senadores y representantes federales.

“Todos los que estamos acá en Washington tenemos una agenda bien, bien, cargada. Empieza bien temprano en la mañana y termina a veces tarde en la noche, a veces los fines de semana... Cada uno tiene una agenda particular, una agenda individual, y a la misma vez compartimos mucha información y hay gestiones que las hacemos en conjunto”, explicó.

Asimismo, dijo que tanto Torres como Zoraida Buxó no quisieron participar de la iniciativa conjunta denominada como “delegación extendida”, que busca que otros boricuas afines con la estadidad también vayan a Washington D.C.

El término de los cabilderos por la estadidad concluye el 31 de diciembre de 2024.

“Yo no preveo que haya una nueva elección porque tengo fe en que vamos a lograr el cometido, que lograremos la aprobación del acta de admisión, pero eso habrá que verlo”, concluyó.

Según la Ley 167 para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, “una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.