Tras ser multada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por no rendir los informes financieros que se le requieren como delegada por la estadidad, Melinda Romero Donelly, dejó vencer el plazo de 30 días que se le otorga para el pago de la multa de $5,000 sin que al momento haya cumplido con la reprimenda.

La también exlegisladora no reconoció la autoridad de la OEG para requerirle informes financieros en su función como delegada congresional por la estadidad, posición que ocupa desde 2021.

La multa en cuestión fue impuesta por la propia OEG, pero la delegada acudió primero al Tribunal de Primera Instancia y luego al Tribunal de Apelaciones para intentar frenar el requisito de los informes y la multa. En ninguno de los dos foros prevaleció.

El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez, confirmó que la delegada no acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico tras la determinación del Apelativo de mantener la reprimenda de $5,000, por lo que advino final y firme. Tampoco ha cumplido con el pago en el término establecido de 30 días.

“El Tribunal de Apelaciones avaló la determinación de la Oficina... Tiene los 30 días después de que finalizó el asunto ante el Apelativo y pues, estaremos haciendo la gestión de cobro próximamente. No ha pagado, y obviamente, pues vencido el plazo hace tres días, el viernes anterior, pues entonces se activa el proceso de cobro”, precisó Pérez en entrevista radial con NotiUno 630.

En su determinación, el panel de jueces del Apelativo apuntó a que no había “base jurídica racional para arribar a un resultado distinto al que llegó la OEG”. El panel de jueces también indicó que la OEG actuó dentro del marco de la ley.