El Senado dio paso esta tarde, con enmiendas, a una medida que ordena a las agencias del gobierno a otorgar o denegar permisos de demoliciones parciales o totales de cualquiera de los edificios y/o estructuras públicas o privadas afectadas por el terremoto del pasado 7 de enero y la continuada secuencia sísmica en el suroeste del País.

La resolución conjunta del Senado 467 recibió 25 votos a favor y dos en contra, de los senadores Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de Miguel Pereira Castillo, del Partido Popular Democrático (PPD).

Durante el debate la medida levantó objeciones de senadores de minoría por el tiempo de 48 del proceso expedito y porque no tomaba en cuenta los monumentos históricos de la zona afectada por los movimientos telúricos.

Posteriormente, tras ser discutida en un caucus de la mayoría novoprogresista la pieza legislativa fue enmendada para establecer que si las agencias o municipios facultados para conceder o denegar el permiso (de demolición) requieren un término mayor de 48 horas deberán consignar las razones en ese término.

“El peticionario o solicitante podrá presentar evidencia fehaciente y certificada por un profesional competente de que procede la demolición para refutar la determinación de dilatar el proceso. En ningún caso la determinación que esta resolución procura podrá demorar más de 15 días laborables”, rezan las enmiendas.

La pieza legislativa de la autoría de los senadores novoprogresistas Luis Berdiel, Henry Neumann y Héctor Martínez Maldonado, pasa al escrutinio de la Cámara.

“Comparto la agilidad de la demolición, pero este no es el mecanismo”, dijo el senador popular Eduardo Bhatia Gautier, quien no estuvo presente al momento de la votación.

El senador independiente José Vargas Vidot, quien votó a favor, dijo que la medida “es importante”, pero sostuvo que los seres humanos viven en un entorno que les da pertinencia”.

Dijo también que “esto no se convierta en un permiso para llevarnos media ciudad por el medio”.

Uno de los votos en contra, el senador Dalmau Ramírez argumentó, que la medida no era específica. “Pueden afectarse estructuras históricas y la medida que expresa unos propósitos en su exposición de motivos no recoge estos propósitos”, sostuvo.