El representante novoprogresista, Jorge (Georgie) Navarro Suárez radicó una medida que busca otorgar inmunidad legal a organizaciones religiosas que rehúsen ofrecer servicios de adopción a parejas del mismo sexo.

El proyecto de la Cámara 1982 propone enmendar la Ley de Adopción de Puerto Rico (Ley 61-2018) para conceder inmunidad legal contra demandas de discrimen a las agencias de adopción de base de fe cuando declinen iniciar un proceso de adopción a favor de parejas del mismo sexo.

“Esta legislación se fundamenta en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de religión. No es justo obligar a las agencias de adopción de base de fe a ofrecer servicios que van en contra de sus creencias religiosas”, indicó Navarro Suárez.

El legislador abogó por fomentar “que iglesias y comunidades religiosas aumenten su participación como agencias de adopción sin el temor a demandas”.

De inmediato, el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano dijo que la medida es innecesaria y la catalogó como un intento del legislador novoprogresista de legalizar el discrimen en la adopción a las parejas LGBTQ+.

“Nuestra Constitución ya contiene el derecho a la libertad religiosa, por lo que no necesita legislación adicional como esta medida. Este proyecto es innecesario y tiene visos de inconstitucionalidad. De darle paso a esta medida, se estaría abriendo una puerta peligrosa donde se pueden permitir excepciones que discriminen abiertamente a otros sectores de nuestra población, más allá de las parejas LGBTQ+. Hoy van por nosotros, mañana pueden ir por ustedes”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes dijo que espera que no se le dé paso a la medida en la Asamblea Legislativa.

“En este año de elecciones vamos a ver medidas terribles, como ésta, para tratar de agenciarse votos de los sectores más radicales y fundamentalistas. Es hora de que la Legislatura haga un análisis sosegado y responsable de estos proyectos de ley que en nada contribuyen al bienestar común. Ya basta de usar a la comunidad LGBTQ+ como chivo expiatorio”, sentenció Serrano.