La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes se dispone a rendir un informe positivo de una medida (Proyecto de la Cámara 1502) que busca establecer que los años de servicio de los empleados públicos sean tomados en cuenta a la hora del gobierno implantar planes de clasificación y retribución.

La pieza legislativa, evaluada en una vista pública hoy, jueves, fue objetada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno (OATRH), mientras el presidente de la comisión legislativa, Domingo Torres, destacó que el proyecto atiende el reclamo por años de servicio de los empleados de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

La Unión General de Trabajadores (UGT), que representa a los empleados de la ASEM sostiene que sólo el 73% de los unionados ha recibido un aumento salarial como resultado del Plan de Clasificación y Retribución que entró en vigor el año pasado.

“Las expectativas que se generaron con este plan de clasificación era que impactaría a todos los empleados públicos y así no fue. Hoy por hoy, tenemos un llamado de huelga de los empleados de la ASEM y su llamado a la huelga ha sido por los años de servicio. Tenemos una situación de que, si esos empleados se van a la huelga, el gobierno no tiene para pagarles ni para aumentarles el salario, pero tenemos la osadía, porque esto es faltarles el respeto a los empleados públicos, de decirle que le van a pagar el triple a los que se queden (que crucen la línea de piquete”, dijo el representante Torres García. Sus declaraciones se produjeron antes de que esta tarde ASEM y la UGT llegaran a un acuerdo, evitando un paro indefinido en la institución hospitalaria

La asesora legal de la OATRH, Diocelyn Rivera, por su parte, defendió el Plan de Clasificación y Retribución implantado por el gobierno con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según Rivera, en el caso de los empleados que devengaban un salario inferior, bajos los datos de mercado, al punto mínimo fijado para la clase de puesto que ocupan, fue necesario ajustar su sueldo al mínimo de la escala y los empleados que devengaban un salario superior, dentro de los datos de mercado, al punto mínimo de la escala fijado para la clase de puesto que ocupan, permanecieron con el sueldo que devengaban antes de la implantación de la nueva estructura salarial. “En ambas instancias los empleados conservaron todos los aumentos en salario otorgados a través de su trayectoria laboral en el servicio público”, dijo la abogada.

Rivera indicó que el PC 1502, que busca enmendar la Ley 8 de 2027 de la OATRH a fin de “aclarar las disposiciones” en planes de clasificación y/o retribución en las agencias del gobierno y corporaciones públicas “no responde al ordenamiento jurídico y garantías que provee nuestra ley orgánica y la labor que ha venido gestionando la OATRH junto a la JSF”. La medida es de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

En un turno en la vista, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón ripostó argumentos de la portavoz de la OATRH de que el salario vigente del empleado se mantiene y respeta. “Sería el colmo que hubiese empleados que después de prestar tantos años de servicio les rebajen el salario”, cuestionó el legislador.

“Voy a votar a favor del proyecto aunque sé que va a morir porque la Junta de Control Fiscal no le va a dar paso por ser contrario a su visión neoliberal”, sostuvo Márquez Lebrón.

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli dijo que “también estaré votando a favor” y la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz indicó que favorece la medida.

Torres García anticipó que rendirá un informe positivo de la medida al igual que del Proyecto de la Cámara 1943, que busca establecer que el tiempo requerido como experiencia y/o años de servicio para un puesto o ascenso comience a contar a partir de la fecha en que la persona ocupe el cargo, independientemente de que haya adquirido el grado académico con posterioridad.

Torres García no descartó celebrar vistas públicas adicionales sobre el PC 1943, pues le requirió información a la OATRH que la agencia no pudo proveer al momento. La OATRH debe suplir a la comisión legislativa el número de puestos de trabajo disponibles en el gobierno, cuántos empleados se han acogido a la Ley 8 de Movilidad en el Empleo y si en el gobierno hay problemas de reclutamiento.

“Aquí lo que estamos buscando es que los empleados públicos tengan la oportunidad de poder superarse profesional y académicamente y que tengan la oportunidad dentro del mismo gobierno”, sostuvo Torres García, autor del PC 1943.