El expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Aponte Hernández, anunció la presentación mañana de un paquete de medidas que busca eliminar el requisito de colegiación obligatoria para que las personas puedan ejercer sus profesiones debidamente certificadas y reguladas.

El objetivo, indicó hoy en un comunicado, es hacerle "justicia laboral" a miles de profesionales en Puerto Rico,

"Consistentes con lo que han sido mis planteamientos sobre obligar a las personas tener que colegiarse para poder ejercer la profesión para la cual estudiaron, se presentará este lunes un paquete de medidas dirigidas a brindarle justicia laboral a miles de ciudadanos en nuestra isla que, con título, licencias, certificaciones y bajo un ente regulador, se les requiere pertenecer a una organización lo cual conlleva pagar cuotas anuales", subrayó.

El ingresar a una asociación, se llame colegio u organización, debe ser algo voluntario, no puede ser obligatorio, indicó.

"Estas asociaciones no regulan las profesiones, lo hacen las Juntas ante el Departamento de Estado, estas son estructuras paralelas. Quiero dejar claro que esto no pretende eliminar ninguna de estas asociaciones o colegios, lo que buscamos es que nadie sea obligado a ser parte de un grupo y por consiguiente tener que pagar cuotas por ello aún si no quiere estar ahí", subrayó.

"Defendemos el derecho a organizarse voluntariamente y al igual que la Constitución protege el derecho a la libre expresión, también brinda la libertad de escoger con quien se asocia", comentó el también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara baja.

Los proyectos a radicarse liberan del requisito de colegiación obligatoria a los administradores servicio de salud, agrónomos, barberos, consejeros en rehabilitación, contadores públicos autorizados, delineantes, dentistas, diseñador-decorador de interiores, enfermeras, especialistas en belleza, farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, agrimensores y médicos veterinarios.

Además lo hace a médicos, nutricionistas, dietistas, ópticos, optómetras, peritos electricistas, planificadores profesionales, fontaneros, productores de espectáculos, químicos, técnicos de refrigeración y aire acondicionado, tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y actores.

Según Aponte Hernández, ya ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el poder del Estado para reglamentar el derecho de una persona para ejercer una profesión u oficio.