La médica generalista Déborah Arús, quien determinó que Hermes Ávila Vázquez tenía una condición “incapacitante severa” para ser excarcelado al amparo de la Ley 25 de enfermedades terminales, reconoció hoy que dio el visto bueno a la solicitud del convicto feminicida, pese a que no leyó los reglamentos ni la propia ley de 1992.

La doctora declaró bajo juramento en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Salud Mental del Senado que, cuando refirió al panel médico de Physician Correctional el caso de Ávila Vázquez en 2022, no conocía que al convicto feminicida se le había denegado en 2013, 2015 y 2019 la solicitud de excarcelación bajo el Programa de Pase Extendido bajo la Ley 25.

Arús alegó que, cuando evaluó al convicto en 2021, el hombre no caminaba, que sufría paraplejia y que se mantenía en la zona de pacientes crónicos en el Centro de Salud Correccional.

“La realidad es que cuando vi el paciente el 9 de agosto de 2021, el paciente no caminaba”, dijo la doctora, quien se amparó en que su diagnóstico se fundamentó en documentos que le suministró Ávila Vázquez de su caso en el Fondo del Seguro del Estado (FSE) y de una llamada telefónica que le hizo al fisiatra Eduardo Nadal, quien lo había evaluado en la agencia.

Nadal declaró hace dos semanas en las vistas públicas que la condición de paraplejia puede mejorar.

Arús compareció hoy ante la comisión senatorial junto al panel de médicos generalistas, Gladys Quiles Santiago, Cristóbal Antrón Dávila, Jeffry E. González y Pedro A. Pérez, quienes dieron el visto bueno a la excarcelación de Ávila Vázquez. Todos acudieron ataviados con las batas blancas médicas con el logo de Physician Correctional.

El presidente de la comisión legislativa y senador José Vargas Vidot confrontó a la doctora Arús con el testimonio que brindó en la investigación interna del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), una enfermera que cuidaba al convicto Ávila Vázquez en su dormitorio clínico mientras era evaluado bajo la Ley 25.

Vargas Vidot indicó que la enfermera Virgen Oquendo Camacho aceptó que conocía que el confinado no padecía de las condiciones que alegaba tener y que no se lo notificó a nadie porque así el reo se lo pidió.

“En agosto de 2021 el paciente no caminaba, tenía una condición incapacitante severa en estado avanzado”, insistió la doctora, quien dijo que lleva 34 años como generalista, 29 de los cuales ha ejercido como especialista en medicina de familia.

Arús expresó que el convicto venía tratándose en las clínicas de paraplejia del FSE y llevaba recetas compatibles con ese diagnóstico. También indicó que el 9 de agosto de 2021 ella examinó al paciente utilizando el método de reflejo Buck en el que se golpea las rodillas con pequeño martillo.

En su turno de preguntas, la senadora el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón confrontó a los médicos con las evaluaciones hechas al convicto, el alegado diagnóstico de incapacidad severa limitante y la explicación clínica para la excarcelación del reo, quien cumplía una condena de 122 años de prisión por el feminicidio de Celia López, ocurrido en 2005.

El hombre fue excarcelado en abril de 2023 y en abril de 2024, se le imputa cometer el feminicidio de Ivette Joan Meléndez.

“La capacidad clínica de ustedes ha sido impugnada, una persona equipada con astucia y sin conocimiento médico les engañó. Hermes Ayala caminaba para la fecha en la que se le hizo la evaluación. Ustedes son los responsables de cuidar a las miles de personas que tienen la custodia del Estado”, sostuvo Santiago Negrón.

-¿La evaluación que usted hizo a Hermes Ávila es suficiente para sostener un diagnóstico independiente, si no hubiera existido un expediente del FSE? ¿Por cuánto tiempo lo evaluó (al convicto)?, preguntó la senadora a la doctora Arús.

“No se puede poner de esa manera, es una gama de cosas”, respondió Arús.

¿Pero otra persona dice que sí caminaba?

“Usé mi mejor criterio”, sostuvo la doctora.

La doctora Quiles, quien al momento de la excarcelación de Ávila Vázquez era la directora médica de Physician Correctional, reconoció a su vez a preguntas de la senadora Santiago Negrón que no ha visto el protocolo de excarcelación bajo la Ley 25 de 1992.

“Aquí no existe ninguna ganancia ningún beneficio para nosotros, nuestro trabajo es una evaluación clínica, imparcial”, reclamó Quiles. “No me sentí utilizada de ninguna manera para ningún fin, agregó la doctora Quiles.

“Nosotros no excarcelamos a nadie, somos meros instrumentos de una estructura médica”, dijo por su parte el doctor Jeffrey González.

“Physician les ha atrapado en un mar de incongruencias, dijo Vargas Vidot. “Lo que pasa es que esa ceguera de la corporación le costó la vida a una mujer. Este hoyo de contradicciones se da por la ineficacia de una compañía que les expone en su práctica noble a errar”, expresó el senador independiente.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol y Ana Irma Rivera Lassén, también cuestionaron a los médicos por el incumplimiento de la Ley 25.

“No se cumplió con la ley”, dicen funcionarios correccionales

Los funcionarios y técnicos sociopenales que investigaron el plan de salida de Ávila Vázquez ocuparon la silla de testigos en horas de tarde y reconocieron que en el proceso no se cumplió con la Ley 25.

“No se cumplió con la ley, porque la ley (25-1992) estipula que hay que hacer unas visitas cada 15 días. Lo que hubo fue un contacto mensual”, dijo Efraín Afanador Vázquez, encargado de oficina del Programa de Comunidad Región Norte del DCR.

A preguntas del senador Vargas Vidot el funcionario aceptó que solo visitaron la residencia que le fue asignada en la comunidad al convicto “de cuatro a cinco ocasiones”, durante los primeros meses de 2023.

Vargas Vidot confrontó a los funcionarios con informes que tiene en su poder de que en tres de las cuatro visitas que le hizo el DCR al convicto, el hombre no se encontraba en el hogar.

Afanador indicó que el convicto “visitó en seis ocasiones nuestra oficina para recibir servicios cerca de un año” y alegó que “siempre fue en silla de ruedas”.

Tanto el funcionario como el supervisor de Servicio Sociopenal, Mario Vargas Robles, reconocieron también que el reo excarcelado fue ubicado en la residencia de Gladys Torres, “amiga de una amiga de Ávila Vázquez” en vez, de ser llevado con un recurso familiar, otro de los requisitos de los requisitos de la ley.

Erick Dávila, el técnico sociopenal quien hizo la investigación de campo cuando llevaba dos meses en el cargo, dijo, por su parte, que desconocía que la excarcelación del convicto era mediante un pase extendido bajo la Ley 25 y que se trataba de una persona parapléjica.

“Entendí que era un informe de la Junta de la Libertad Bajo Palabra”, reclamó Dávila, mientras Afanador, quien es supervisor, dijo que “el error” no favoreció el pase extendido.

Dávila indicó que Gladys Torres era la persona que recibiría al confinado excarcelado en una comunidad en Vega Baja y que, en la estructura en niveles, vivía otro inquilino que le pagaba renta a la mujer.

Al cierre de los trabajos en la tarde, Vargas Vidot dijo que faltan funcionarios por declarar, entre ellos, la técnica sociopenal asignada al caso en junio de 2023, Julissa Beauchamp, pero no precisó cuándo reanudan las vistas públicas.