El número de querellas de maltrato que el Departamento de la Familia dejó sin investigar es realmente 42,000, según una investigación realizada por personal de la administración entrante a raíz de información publicada que apuntaba a que eran 35,000 los casos desatendidos.

La investigación confirmó igualmente que durante la segunda semana de diciembre se les impartió la directriz a los directores regionales de cerrar referidos, a pesar de que estos no fueron atendidos y que no se tómó en consideración que los menores podrían estar en una situación de riesgo, informó la secretaria designada Idalia Colón.

“Personal del registro central ha examinado las estadísticas y, hasta el 7 de diciembre, habían cerca de 42,000 querellas, pero fueran 30,000, 40,000 o 42,000, es inaceptable que el Departamento haya dejado tantas querellas sin investigar”, denunció la funcionaria.

Agregó que tienen en su poder copia de un correo electrónico enviado después del 7 de diciembre, en el que una directora regional advirtió sobre el peligro de la directriz de cerrar referidos y establece su objeción a la misma. De acuerdo con información en su poder, posterior a la mencionada fecha, hubo una reducción dramática en el número de casos emitidos por regiones.

“Estamos hablando de reducciones de cientos de casos y sabemos que es imposible investigar un número así en menos de 30 días y más cuando no tenemos personal”, abundó al destacar que al 7 de diciembre el sistema reflejaba 42,173 casos, cifra que se redujo en 20 días a 31,000. “Eso es imposible”, insistió.

El mensaje de la funcionaria al pueblo es a estar tranquilo, pues están tomando todas las medidas necesarias para atender cada referido cerrado o atrasado. Han comenzado por conocer la procedencia de las querellas, la edad del menor y el tiempo que lleva radicada la misma. Igualmente, están redirigiendo el recurso humano a las áreas de mayor necesidad.

“Nos va a tomar tiempo, pero vamos a investigar cada una de las querellas. Es la primera vez que se ha visto una situación como esta. Estamos en una emergencia social con una magnitud sin precedente en términos del riesgo que hay para estos menores”, planteó.

Se supone que una investigación de maltrato o negligencia se atienda en o antes de 60 días, mientras que las urgencias deben ser vistas en 48 horas.

Su llamado a la comunidad es a ayudar a las familias que pueden estar pasando por una situación crítica y a denunciar aquellos actos de maltrato.

“La moral de nuestros empleados y trabajadores sociales hay que retomarla porque está por el piso. Han enfrentado la crisis sola. Pero, aquí estamos trabajando como hormiguitas para cumplir con esta responsabilidad... aquí no hay tiempo para improvisar ni destinar dinero para lo que no es esencial”, subrayó.

Según información publicada anteriormente, en noviembre de 2010 la agencia comenzó a enfrentar problemas atendiendo el número de denuncias debido a la implementación de la Ley 7, que dejó a la dependencia desprovista de un gran número de personal.

Para entonces, se estimaba que había unas 14,600 querellas sin atender o bajo investigación.