El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes y el presidente de la Junta de Gobierno de la corporación pública, Ralph Krein Rivera no pudieron proveer datos precisos hoy a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de cómo se beneficiará el pueblo de Puerto Rico con el contrato a 15 años con la empresa LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía.

No pudieron asegurar que con la transacción no haya aumentos tarifarios, pues indicaron que el costo kilovatio siempre estará sujeto al ajuste por combustible, al tiempo que rechazaron que el traspaso de labores, que se concretaría el primero de junio próximo, sea un proceso de privatización.

“En ningún momento se está privatizando, se está reorganizando y transformando a la misma vez”, reclamó Kreil Rivera. En iguales términos respondió Paredes a las preguntas del presidente de la comisión legislativa, Javier Aponte Dalmau en una vista pública en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

-¿Cuál es el beneficio de este contrato?, inquirió Aponte Dalmau.

“Para mí los beneficios son la parte tecnológica y todos los adelantos que trae LUMA, los empleados (de la Autoridad) no reciben seminarios hace más de 15 años. Se ha puesto como un detente al desarrollo que requiere el pueblo de Puerto Rico”, dijo el Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago cuestionó las ponencias que presentaron ambos funcionarios.

“Nos han entregado 17 páginas que no son otra cosa que una colección de leyes. Esto no dice nada de nada... Si yo quiero entro a la página de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y encuentro el texto de la ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Electrico). Eso revela un claro menosprecio a la función legislativa y al País que tiene derecho a evaluarlos a ustedes”, expresó la legisladora.

-”¿La pregunta es sencillita, a nivel de Plaza Sésamo, que creo que es la pregunta que todo el mundo quiere que contesten. ¿Durante los últimos dos años fiscales la tarea que se le ha encomendado a LUMA nos ha costado cuánto versus cuánto, nos va a costar a partir del momento que LUMA asuma plenamente las responsabilidades que ha aceptado mediante el contrato?, preguntó a Paredes la senadora Santiago.

“No lo tengo ahora (los costos), se lo puedo suministrar”, respondió el Director Ejecutivo de la AEE.

Krein Rivera dijo por su parte, que “toda la información” la tiene la AAPP.

-¿Cuál es la tecnología de poda que van a traer?, inquirió la senadora independentista.

“Eso se lo tiene que preguntar a ellos”, ripostó el Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.

-¿De aquí a cinco años con LUMA y sus promesas, ¿cuál han estimado que va a ser el costo del kilovatio hora?, preguntó también la senadora pipiola.

“El mismo que hay ahora con el ajuste por combustible”, sostuvo Paredes. “Nadie puede estar seguro de nada, no se proyecta que se va a cambiar”, agregó el Director Ejecutivo.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe cuestionó por su parte, el que LUMA se convertirá en un monopolio y preguntó también, cuántos empleados ya LUMA tenía contratados, pero tampoco obtuvo respuesta.

“LUMA no esta escondiendo nada y ayer el CEO no quiso revelar su salario. Ahora vamos a entregarle a una agencia privada una tarea y resulta que el salario es un secreto. Vamos a tener que ir al tribunal. Ese es el problema de la privatización. El pueblo sabe lo que se ganan los funcionarios públicos”, sostuvo Bernabe.

Cuestionó que sólo se le hayan dado tres días a la Junta Gobierno de la AEE para aprobar el contrato. “Allí no hubo ninguna presión ni ningún ajora”, reclamó Krein Rivera.

Paredes se amparó en que el modelo de la alianza público privada fue seleccionado por la Asamblea Legislativa. “Recayó en la AAPP la responsabilidad de desarrollar los diferentes procesos al amparo de las disposiciones de la Ley 29-2009, según enmendada Ley de Alianzas Público Privadas”, dijo el funcionario, quien avaló la negociación, pero dijo que no participó de forma directa en el proceso.

Según Paredes la necesidad y el propósito público del contrato de operación y mantenimiento con LUMA, “surgen de todas las preocupaciones que expresó la Asamblea Legislativa en la exposición de motivos de la Ley 120-2018, en gran parte, haciéndose eco del reclamo del pueblo y de las instituciones de interés social, ambiental y económico del País”.

También a preguntas de Aponte Dalmau, Paredes dijo por que al momento la AEE le ha pagado $90 millones a Luma Energy. “El pueblo de Puerto Rico le ha pagado $90 millones por enseñarle cómo llevar el negocio de la energía eléctrica aquí”, le ripostó Aponte Dalmau.

“Por mi parte no tengo ningún conocimiento”, dijo Kreil Rivera a otra pregunta de Aponte Dalmau de si hubo algún interés del gobierno federal en que se privatizara el servicio de electricidad.

Kreil Rivera reclamó también que la medida que dio paso a la contratación fue bipartita, pero Aponte Dalmau le replicó que en la Cámara la delegación popular votó en contra.

“Entendemos que el proceso que llevó a cabo la AAPP para la selección de LUMA Energy, LLC, y su contratación, cumplió a cabalidad con las disposiciones y requisitos de las leyes 29-2009 y 120-2018”, expresó el Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.

Sostuvo que el proceso se extendió por dos años y dijo que antes de emitir su voto “todos los miembros de la Junta de Gobierno tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y expresarse”.

El funcionario dijo que los términos y condiciones de la contratación que llevó a cabo el Comité de Alianzas, liderado por la APP, “están alineados y en cumplimiento con el mandato de las leyes 120-2018 y 17-2019, y cónsonos con el propósito de la política pública de proveer un servicio de vanguardia y excelencia a todos los clientes residenciales, comerciales e industriales”. Agregó que todos los miembros de la Junta de Gobierno tuvieron acceso “a la misma información, recibieron una presentación, la oportunidad de hacer preguntas y emitir libremente su voto”.

Además, indicó que el contrato “igualmente recibió la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)” y agregó que “el Negociado de Energía de Puerto Rico también pasó juicio sobre el contrato y expidió un certificado de energía a favor de LUMA Energy, LLC”.

Pero, Aponte Dalmau sostuvo que “todo este proceso fue sin participación ciudadana” y agregó que la LUMA se negó ayer a proveer información en una vista en la Cámara.

“Dentro de todo este asunto tenemos técnicamente un contrato de adhesión porque LUMA no está poniendo un peso ni asume ningún riesgo en esto. A largo plazo lo convierte en un administrador de un monopolio público a uno privado”, reclamó el senador popular.

“Esto me parecería el negocio de Cuca Gómez, en donde yo hago negocios conmigo mismo, yo lo produzco. No se le impide a LUMA a hacer negocios con sus subsidiarias. Eso constituye transferir un monopolio público a uno privado”, dijo para agregar que “no estamos hablando del quiosquito de la esquina, sino de vender el activo principal que tiene el País que es su infraestructura energética”.

¿Cuántos empleados se quedarán”, preguntó por su parte la vice presidenta del Senado, Marially González. “No lo tengo ahora. Hay sumar los que están en generación más los que se queden”, respondió Paredes.