En medio de la incertidumbre que ha generado el retraso en las cargas marítimas debido a los retos que causó la pandemia del COVID-19, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, afirmó que su agencia está en miras de iniciar una “reducción escalonada” del impuesto al inventario para intentar subsanar diversas situaciones que enfrentan los comerciantes de Puerto Rico, que continúan realizando esfuerzos Epor recuperarse de diversas emergencias.

En entrevista con Primera Hora, Cidre indicó que el DDEC se encuentra elaborando estudios que analizan posibles modificaciones a la tributación que designa el Código Municipal de Puerto Rico, conocida como la Ley 107 de 2020, donde buscan identificar alternativas que no carguen más a emprendedores, municipios y consumidores.

“No estamos hablando de eliminar un impuesto y simplemente dejarlo en ascuas. El señor gobernador (Pedro Pierluisi) favorece que el impuesto al inventario se vaya reduciendo escalonadamente y yo no tengo problemas con eso”, expresó Cidre, al expresar que este impuesto logra acumular unos $280 millones anuales que sirven para que diversas administraciones municipales costeen gastos de operación.

“Podemos estipular que en cinco años vamos a reducir año por año e identificar fuentes, no de sustitución, fuentes que posiblemente no estén pagando lo que deben de pagar y poder asignar algún tipo de dinero para compensar los municipios en esas áreas”, añadió el secretario. “Pero la perspectiva de costo, lo que el país tiene que entender es que el impuesto al inventario le cuesta al consumidor porque las compañías pasan hacia adelante esos costos, no los absorben, y eso determina casi un 8% de ese costo”.

Esto ocurre en momentos que los comercios continúan recuperándose de varios eventos negativos como el huracán María en 2017, los terremotos que impactaron el sur de la Isla a inicios de 2020, y la reciente pandemia del COVID-19, algunos de los factores que impiden que la Isla logre reducir la falta de inventario de una variedad de productos en el país.

“El impuesto al inventario es una medida que necesita mirarse, revisarse, pero que se tiene que hacer con la sensibilidad necesaria porque muchos municipios en Puerto Rico dependen de esos ingresos para poder subsistir y ahora más que sus arcas han sido reducidas considerablemente”, indicó el empresario. “Vamos a identificar esta reducción que logre un alivio a los empresarios puertorriqueños, que las arcas del municipio puedan asegurar seguir dándole servicios necesarios a sus constituyentes, y que el consumidor no coja el impacto”.

Dicha conversación ocurre en momentos en que diversos gremios empresariales solicitan la eliminación del impuesto al inventario dado que el mismo podría evitar mayores aumentos en los productos y servicios que usan los ciudadanos.

A la misma vez, en la Legislatura sigue viva una medida que busca eliminar dicha tributación. El Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA) establece el Proyecto de la Cámara 610, redactado por el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara Baja, el representante Orlando Aponte Rivera, sigue referido en la Comisión de Hacienda y Presupuesto desde el 22 de marzo de este año.