Manifestantes en Peñuelas no temen la cárcel
La comunidad luchará para evitar que la empresa Applied Energy System deposite cenizas en el vertedero municipal.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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La comunidad de Peñuelas está dispuesta a la desobediencia civil para evitar que la empresa Applied Energy System (AES) pueda depositar cenizas de carbón en el vertedero municipal que administra la corporación Peñuelas Valley Landfill, tras la decisión de un panel de jueces del tribunal de Apelaciones de Boston, que dejó en el aire la ordenanza municipal que impide esa acción.
“Si tenemos que ir tres años presos, vamos presos, pero aquí no van a depositar ese veneno”, expresó el portavoz del Campamento en Contra de las Cenizas, Jimmy Borrero.
De hecho, durante una confrontación entre camioneros y miembros de la comunidad, el pasado mes de noviembre, varias personas fueron arrestadas, incluyendo a la senadora María de Lourdes Santiago.
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La comunidad tronó contra los jueces del Apelativo que dejaron inoperante la ordenanza, al determinar que corresponde a la Junta de Calidad Ambiental ocupar ese campo bajo el ordenamiento jurídico local.
Los dirigentes del grupo opositor reclamaron al gobernador Ricardo Rosselló que haga valer sus expresiones en contra del depósito de cenizas mediante la creación de la Política Pública para que ninguna empresa pueda realizar esa práctica en Puerto Rico.
La Resolución de la JCA (R-14-27-20), que permitió el depósito de las cenizas de carbón en los vertederos, fue aprobada bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla, la cual favoreció el depósito de estos desperdicios en Puerto Rico.
“Que el Gobernador haga valer su palabra”, expresó Borrero, al indicar que con una Orden Ejecutiva, Rosselló puede evitar una confrontación en Peñuelas y que la salud de la región se siga afectando.
Por su parte, Francisco Sáez, lamentó que el juez Juan Torruella se uniera al igual que el juez David Barron a la opinión redactada por el juez Kermit Lipiz, para invalidar las ordenanzas de Humacao y Peñuelas, ya que impide que los ciudadanos a través de los legisladores municipales puedan defender sus comunidades y los deja a expensas de los “grandes intereses”.
“Nos sorprendió que el juez Torruella se uniera a esa opinión de Lipiz porque se trata de una persona consciente del coloniaje y el abuso a las comunidades en Puerto Rico”, expresó Sáez.