El juez federal Gustavo Gelpí ordenó hoy a la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) y a la Oficina Federal del Coordinador Conjunto de Cumplimiento (JCC, por sus siglas en inglés) atender de manera urgente los casos de coronavirus reportados en dos centros para personas con discapacidad intelectual.

Se trata de 41 personas adscritas al Departamento de Salud que se encontraban en el Hogar Fundación Modesto Gotay, en Trujillo Alto, que fue cerrado la semana pasada luego de conocerse serias fallas en su funcionamiento y operaciones que ponían en riesgo la salud de los residentes. Los señalamientos iban desde el manejo de alimentos expirados hasta una crasa falta de higiene.

“Abogados de la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) informaron el viernes, aproximadamente a las 7:30p.m., al personal del JCC que había casos positivos a COVID-19 en dos hogares. Esta situación fue atendida por el tribunal durante la conferencia del jueves, cuando la Hacienda Don Luis se comprometió a la transferencia de 41 personas desde el Hogar Fundación Modesto Gotay. Varias personas del Hogar Fundación Modesto Gotay fueron ingresadas a Hacienda Don Luis”, indicó el juez Gelpí en su orden.

Añadió que por la emergencia actual, instruyó a la directora de la DSPDI, la Dra. Joan Rivera, y al coordinador Alfredo Castellanos, a buscar una solución dentro del protocolo establecido por COVID-19.

Para el lunes, la JCC deberá informar cómo se resolvió el problema de aislamiento de los contagiados.

El pasado 7 de agosto, el director de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, informó del cierre de la Fundación Modesto Gotay.

La movilización se originó tras denuncias del propio personal que labora en la División de Discapacidad Intelectual, el cual alertó sobre las irregularidades -entre ellas, que no cumplía con los requisitos mínimos para operar-, por lo que se procedió a remover y reubicar a los residentes, así como a su cierre.