El recién designado por el gobernador Ricardo Rosselló a la secretaría de Hacienda, Raúl Maldonado, aseguró que al regresar a dirigir esa agencia, luego de la renuncia de Teresita Fuentes, revisará todas las opiniones que le han hecho respecto a contratos, y “si es algo que tiene algún impacto colateral con las opiniones pues entonces me voy a inhibir o ese contrato se transfiere y se saca del listado”.

Maldonado fue enfrentado hoy con informes que revelan que su hijo Raúl Maldonado tiene contratos con diversas agencias del gobierno, incluyendo Hacienda, y que el Departamento de Justicia investiga los contratos otorgados a las empresas Virtus Consulting Group y Optima Consulting Group, que a la vez subcontratan a su hijo.

Hoy, tras hacer el nombramiento, el gobernador dijo que confía en Maldonado y que este “está siendo castigado… por hacer lo que la ley dispone cada vez que había algo que pudiese ser algún potencial conflicto de interés”.

Aseguró que Maldonado “tomaba todos los pasos adecuados para poder hacerlo y es por eso que si estamos hablando del contexto de integridad, si estamos hablando de llevar los procesos acorde con la ley, lo que yo he visto -tanto desde la posición de la secretaría de la Gobernación como la de Hacienda- es que el secretario tomaba estos asuntos muy en serio…”.

Maldonado, quien dirigió Hacienda desde el inicio de esta administración hasta julio pasado, también presidirá la Oficina de Gerencia y Presupuesto y ejercerá las funciones de Chief Financial Officer (CFO).

El actual director de la OGP, José Iván Marrero, pasará a la Fortaleza como asesor del gobernador.

Mientras, el recién designado a Hacienda abundó sobre lo de la inhibición en asuntos de contratos y dijo que usualmente esta se pide “en un negocio directo… En el caso mío tengo dos opiniones; me fui al extremo. Le dije a la directora de (la Oficina de) Ética (Zulma Rosario), ‘yo quiero que si alguna compañía, que tenga alguna relación indirecta, que no se haya llevado la propuesta, yo me tengo que inhibir también’, aunque no se haya llevado el negocio”.

Aceptó que eso le traía problemas como secretario de la Gobernación, cargo que dejará próximamente, “porque me estaba saliendo de muchos proyectos que no podía ver; se lo transfirieron todos al subsecretario (de la Gobernación, Ricardo) Llerandi”.

Abundó que en su caso, además de mediar una opinión regular, había otra “que es de naturaleza extraordinaria donde yo me estoy inhibiendo, aún en propuestas que no se dieron”.

Sobre cómo no se enterará, a través de una inhibición, que su hijo pudiese estar contratando con el gobierno, este explicó que como parte de un protocolo estricto se emitieron unas cartas a través del sistema electrónico de la OGP “indicando cuáles companía el secretario de la Gobernación no debería ver… Eso lo maneja un grupo de consultores… y se la pasan a Llerandi”.

Lo mismo pasaba con los pagos que tenía que hacer Hacienda, “que eran a través de Francisco Peña (secretario auxiliar de Hacienda)”, indicó.

Insistió que bajo su dirección ahora en Hacienda hará “exactamente lo mismo. Voy a mantener ese estandard que es mucho más amplio”.

Peña será ahora subsecretario de Hacienda en la parte administrativa, y el otro subsecretario que trabajará la parte técnica de política contributiva será Francisco Parés.

De otro lado, y en términos a la visita que realizó ayer a Ética, el funcionario indicó que estuvo allí porque “todos los casos que he referido, yo los llevo personalmente. Yo he referido tanto a Ética como al Departamento de Justicia.. y al FBI, y cada uno de esos casos lo sllevó personalmente porque me quiero asegurar de que la información… se tome seriamente”.

Aceptó que “son circunstancias donde se afecta la vida de una persona y uno tiene que ser cuidadoso…”.

En cuanto a la investigación de Justicia sobre los contratos, tanto Rosselló como Maldonado dijeron que hay que dejar que la misma siga su curso y que cualquier opinión se la soliciten a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

A preguntas de si él conocía que para junio de 2017 se estaban otorgando contratos a Virtus Consulting Group, Rosselló contestó que no.

De otro lado, Rosselló confía en que la confirmación de Maldonado, cuyo nombramiento someterá próximamente, se maneje en la Legislatura “en un curso rápido”.

Este continuará devengando $180,000.

Por otra parte, y en cuanto a la nueva sombrilla financiera establecida por el gobierno y que incluye la consolidación de diversas funciones para ejecutar el plan fiscal del gobierno, Rosselló mencionó que lo que se busca es tener un ente “fuerte centralizado de asuntos financieros y fiscales… (para) hacer más efectivo la ejecución de las iniciativas (de transformación) del gobierno…”.

“Vamos a poder encaminar un proceso de reforma pero de resultados detrás de esa reforma”, agregó.