Según dijo en un comunicado de prensa la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, el recorte de jornada, en el caso de los maestros de menos salario, supondría recibir 176 dólares mensuales y 1,760 al año.

Además, según Martínez, los miles de maestros adscritos a la FMPR perderán cuatro días de vacaciones y dos días en su licencia por enfermedad.

"Es un verdadero abuso que debe ser rechazado por el magisterio. Para ellos somos números y no seres humanos con necesidades", criticó Martínez a la Junta, creada por el Congreso estadounidense para velar por las arcas gubernamentales de Puerto Rico, que cuenta con una deuda pública cercana a los 70,000 millones de dólares.

El recorte de la jornada de los maestros y otros empleados públicos busca, según la Junta Fiscal, conjurar un déficit de liquidez de 190 millones de dólares que proyecta para el próximo 1 de julio.

Igualmente, la FMPR advirtió que, en el caso de los estudiantes representará otro golpe a la calidad de su educación y el aprovechamiento académico, pues estos podrían perder hasta 20 días de tiempo lectivo, "lo que representará un daño permanente a su formación y un deterioro en la calidad de la educación".

"Solo unos canallas, sin raíces de empatía entre nuestra gente, son capaces de hacer una recomendación así", señaló Martínez, quien exigió que se realice una auditoría de la deuda y adelantó que no descarta la posibilidad de manifestaciones en escuelas de la isla.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves, afirmó que la propuesta de la Junta es "contra los estudiantes" por la eliminación de los 20 días del curso escolar y empobrece a los maestros por eliminarles parte de su salario.

Nieves enfatizó que "es inaceptable" cualquier medida que atente contra un servicio esencial, como la educación de un pueblo.

"La educación es la herramienta principal para enfrentar la crisis y reformular nuestro desarrollo económico", sostuvo Nieves.

La Junta recomendó además recortes en las ramas legislativa y judicial y reducciones en gastos por contratos de servicios profesionales de hasta 50 % y reducciones significativas en todos los gastos por contrataciones gubernamentales.

Considera, por otro lado, que hay que bajar los costos de cuidado de salud, mediante la negociación del costo de medicamentos y reducciones de los pagos a planes de salud y proveedores.