De una "conspiración para transferir a empresas privadas los fondos que corresponden a las escuelas públicas" calificó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la implementación del programa de vales educativos.

La dirigente magisterial aseguró hoy en un comunicado que en el área de Levittown en Toa Baja el Departamento de Educación cerró las escuelas Lorencita Ramírez de Arellano, Amalia López y John F. Kennedy para crearle matrícula a instituciones privadas en ese sector.

"A un minuto de una de las escuelas cerradas ubica el Lugrea Central College que anuncia en su promoción que cuenta con 'ayudas económicas para estudiantes de escuelas públicas' y 'vales educativos del Departamento de Educación disponibles'. Esto constituye un descaro y un saqueo de fondos públicos refrendado por el gobierno", señaló Martínez.

Este escenario se repite a través de todo el país, afirmó en un comunicado este sábado.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe expresamente financiar instituciones educativas privadas, pero el Tribunal Supremo, de mayoría política favorable a la administración actual, refrendó la ley que permite los vales educativos.

La ley establece que los vales educativos son otorgados por medio de una lotería donde el acceso de los estudiantes depende del azar, recordó.

Los vales educativos habían sido declarados inconstitucionales por el Supremo en 1994, bajo la administración de Pedro Rosselló, padre del actual mandatario.