Tras dos horas y media de vista ante los jueces del Tribunal Supremo, los líderes magisteriales salieron señalando que están confiados en que ese alto foro declare inconstitucional la ley que les redujo las pensiones a los educadores.

La secretaria de Hacienda Melba Acosta, y el Secretario de Justicia César Miranda, señalaron que no hay razones para que el Tribunal se aparte de la jurisprudencia ya dictada sobre la Ley 3, que también reformó el sistema de retiro de los empleados públicos.

En un intenso interrogatorio por parte de los jueces, la controversia quedó establecida en términos de si el menoscabo de la obligación contractual entre el Estado y los maestros cumple con un requisito de razonabilidad.

La representación legal del Gobierno concluyó que la Reforma es una medida “justiciera” para los maestros, porque no hacer nada llevaría a que estos al final del  camino no reciban pensión.

En un momento dado el juez Rafael Martínez Torres planteó si era razonable hacerle “un menoscabo tan sustancial a los maestros, para ganarle dos años al sistema”.

El Gobierno negó que eso sea una realidad.

La ex secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez, insistió durante el interrogatorio que ellos, los jueces del Supremo, no están para pasar juicio sobre la sabiduría de la Legislatura, que el Tribunal no se puede constituir en una Supra-Legislatura.

También a la jurisprudencia existente en torno a los sistemas de retiro.

La jueza Mildred Pabón Charneco también cuestionó sobre los $700 millones que se destinaron para darle un aumento a los maestros y si ese dinero no debió transferírsele al sistema.

El abogado del Sistema de Retiro de Maestros, Rafael Escalera, hizo hincapié en que le correspondía a la parte demandante probar que no había otras medidas menos onerosas para reformar el sistema de retiro, y que no lo hizo.

Planteó que aquí lo importante es qué pasa “el día después de que se declare inconstitucional la reforma”. “Lo que vendrá el días después es que la pensión no vendrá más”, dijo.

El juez Martínez Torres le ripostó que “si no pasa nada”, es porque la asamblea legislativa no quiso que pasara nada. Que la Legislatura siempre tendrá responsabilidad sobre el asunto.

“El fin no puede justificar los medios. Aquí no hay una discusión de si el sistema tiene que ser reformado, es si el método utilizado es razonable”, afirmó el magistrado.

Agregó que el argumento que se usa siempre para calificar los fallos del Supremo es que puede venir el apocalipsis y la hecatombe.

"Mi rol es estar seguro que los individuos no pagan el precio constitucional de la violación de sus derechos", acotó frente a Escalera.

El juez Luis Estrella intervino y sostuvo que la Legislatura no puede llevarse el bate y la bola si el fallo le es adverso.

Otro tema que generó controversia fue el del retiro anticipado de maestros, que según las organizaciones magisteriales no se tomó en cuenta al proyectar los efectos económicos que tendrá la Ley 160.