Maestros, alcaldes y legisladores tronaron en las pasadas horas por el cierre de casi 300 escuelas, esto a casi un año en que se cerraron unas 200 también bajo la administración Rosselló.

Hoy el gobernador Ricardo Rosselló anunció que estará visitando una escuela pública, la Federico Degetau II, Aibonito, casualmente uno de los cuatro municipios en los que no se cerrarán planteles en esta ronda, según la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

La presidenta de la AMPR, Aida Díaz, habló en emisoras de noticias como WKAQ y Radio Isla y en ambas dijo que de esas 283 hay 45 escuelas que son "de excelencia", municipios pequeños donde se cierran 7 planteles, y que el 40% de las escuelas cerradas ubican en solo 11 municipios, como lo son Aguadilla, Barranquitas, Cataño y Adjuntas.

"Es una masacre educativa", dijo Díaz.  "En los últimos años hemos cerrado casi 500 escuelas, este patrón sigue de una manera descomunal, es un numero considerable... esto es un golpe mortal. Todavía recibo textos y correos y lo que hay es una desesperación que hay en el magisterio", agregó.

Luego a Primera Hora aclaró que hace unos años había 1,516 escuelas y con estos cierres se reduce a 828, unos 700 planteles clausurados en menos de 8 años.

Algunas de las escuelas de excelencia que serán cerradas son la Daniel Diaz Santana, en Gurabo; en Cayey, la Gualberto Padilla; en Barranquitas, la Sinforoso Aponte; la Rosa E. Molinari en Hatillo; la Víctor Rojas en Arecibo; en San Germán, la Carmen Borrás y la Amina Tió Malaret; y en Ponce la Parcelas Real y la Benigna Caratini.

La presidenta Díaz dijo que la secretaria de Educación Julia Keleher ha cambiado su forma de ser, y dijo que en esta ocasión no ha habido diálogo alguno, por lo que ahora la AMPR comienza el proceso de evaluar los detalles de los cierres para buscar impugnar alguna de esas decisiones.

Por su parte, la portavoz del grupo EDUCAMOS, Eva Ayala, describió mediante comunicado de prensa este cierre de escuelas con expresiones muy duras.

"A esa acción no podemos darle otro nombre que el de una de las canalladas más viles en la historia reciente de nuestro país porque es parte de todo un programa de actos donde se despoja a los más pobres de sus derechos básicos", sostuvo Ayala.

"Con toda honestidad, hay que ser bien poca cosa como ser humano y como funcionario para cerrar 283 escuelas a los pobres, eliminar 8 mil plazas docentes dejando a miles de personas sin el pan de cada día, malgastar en contratos como el de la compañía Joseph and Josephson para enseñar “valores” y muchos otros similares, utilizar el dinero que necesita nuestra niñez en las escuelas para subsidiar empresas y escuelas privadas con un modelo de escuelas Charter fracasado en Estados Unidos con un historial de corrupción escandaloso, aprobar un modelo de escuelas que discrimina contra los pobres y contra la población con diversidad funcional, decretar miles de maestras y maestros excedentes arrancándolos del seno de las comunidades, quitarle sus maestras a decenas de miles de estudiantes con todo el efecto dañino que eso implica sobre las comunidades, mover cientos de miles de alumnos alterándoles su vida y anunciar eso como la gran “reforma educativa” como si se tratase de una fiesta a la puerta de un circo", agregó en sus declaraciones escritas.

Mientras, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, dijo en comunicado de prensa que este nuevo cierre de escuelas “golpeará de manera despiadada a más de 60,000 niños y niñas que hace menos de un año vivieron los estragos de un huracán devastador y la irresponsabilidad, insensibilidad e ineficiencia del Departamento de Educación para reabrir las escuelas”. 

Apuntó que el daño es mayor en el caso de los estudiantes de diversidad funcional adscritos al Programa de Educación Especial.

“Los estudiantes sufrirán hacinamiento y problemas de adaptación en las escuelas receptoras que afectarán su aprovechamiento académico y el desarrollo de sus habilidades. Lanzarán a la calle a cerca de 7,000 transitorios y los educadores permanentes estarán sujetos a traslados y constantes declaratorias de excedentes. La desestabilización resultante de este atropellado proceso de ataque a la educación empujará a miles de familias a abandonar el país”, explicó Martínez Padilla.

En el campo político, figuras vinculadas a los tres partidos polítcos levantan cuestionamientos por los cierres anunciados.

El alcalde popular de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago, anunció que de inmediato va a dar la batalla junto a las comunidades para mantener los planteles abiertos y presentó los argumentos para tal decisión. 

“Vamos a defender la permanencia de la Escuela Antonio Paoli, ubicada en la Urbanización Santa Rita de Vega Alta porque este plantel es un modelo en la región educativa. La misma está basada en el Método Montessori y es excelente”, aseguró mediante declaraciones escritas Santiago, quien agregó que se atienden niños desde preescolar y con servicio bilingüe. 

El alcalde también defenderá con las comunidades la Escuela del Barrio Bajuras, una comunidad distante del centro urbano vegalteño, separada además por el Río Cibuco, que se sale de su cauce en días de mucha lluvia. “Esta escuela José D. Rosado es indispensable para garantizar la educación de los estudiantes de bajos recursos de la zona rural. Este país se levantó gracias al sistema educativo que acogió a miles de puertorriqueños. Mover a estos estudiantes a escuela lejana no es incentivo alguno”, dijo.

La exrepresentante del Partido Nuevo Progresista, María Vega, habló en Radio Isla para abogar por ambas escuelas, y agregó que la escuela Rosado es una escuela del Siglo XXI, así que tan reciente como bajo la administración de Luis Fortuño hubo una inversión de cientos de miles de dólares.

"Las comunidades escolares están sumamente sorprendidos", sostuvo Vega.

Mientras, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Danies Márquez, dijo que padres y maestros lo han contactado y le han dicho que es falso lo que han planteado desde el Departamento de Educación de que hubo consultas con las comunidades antes de decidir el cierre de escuelas.

“Con el anuncio del Departamento de Educación de la nueva ola de cierres se pone en peligro el derecho a la educación que garantiza la Constitución así como el acceso a educación pública, gratuita y apropiada que son garantizados por ley. De igual forma limita sustancialmente el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano a su casa y disminuye la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes, También, incrementa la probabilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones, reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes y podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes. Sin mencionar que implicaría una crasa violación a la sentencia del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase”, manifestó Márquez Lebrón en sus primeras reacciones luego del anuncio.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot puso en duda también que se haya consultado.

“Cierre de escuelas a partir de un minucioso estudio, si pepe, el mismo disco rallao. Pregúntele a padres y madres de escuelas especializadas dirigidas a vida independiente, cierran el futuro, le clausuran los sueños, les arrebatan el presente. Les consultaron? O les informaron”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.