Jenniffer Rivera López, madre de la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, quien perdió la vida el 5 de enero de 2022 cuando cambiaba un neumático de su vehículo, abogó hoy en una vista pública en la Cámara de Representantes, por la aprobación de dos medidas que buscan penalidades más severas a personas convictas de accidentes de tránsito conocidos como “hit and run”.

El pasado 9 de noviembre, una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan le impuso una sentencia en probatoria de 10 años a Carlos Julián Maldonado, por la muerte de Natalia Nicole, ocurrida en la rampa que conecta la calle Calaf con la carretera PR-22, en dirección de San Juan a Bayamón. Maldonado no se detuvo en la escena del accidente.

“Esta persona le arrebató la vida a mi hija… Él se va a la huida después de haberle quitado la vida. Va a un cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para poder no responsabilizarse de lo sucedido”, expresó Rivera López, quien estuvo acompañada en la vista pública por Edwin Serrallés, padrastro de Natalia Nicole.

“Si hubiera tomado otra acción de responsabilizarse, yo no estuviera aquí. Este accidente puede sucederle a cualquier persona, pero es la acción”, sostuvo la compungida madre.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar hoy el Proyecto de la Cámara 1957, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (2011) a los fines de establecer como mandatorio la imposición de supervisión electrónica y eliminar la fianza diferida por el delito de irse a la fuga luego de ocurrir un accidente que provoque grave daño corporal o la muerte de una persona.

La segunda pieza de ley, Proyecto de la Cámara 1958, pretende excluir la probatoria o libertad a prueba como alternativa para extinguir la pena fija de 10 años de reclusión en este tipo de casos.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), representada por Ariana Peña favoreció también ambas piezas legislativas. ‘’Es necesario revisitar y atender las disposiciones legales que regulen este tipo de choques de tránsito para que, mediante la imposición de condiciones más severas, aquellas personas que luego de estar involucrados en un accidente de tránsito, no abandonen la escena’', dijo Peña.

El Negociado de Patrullas de Carreteras, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, informó que durante el 2022 se reportaron 20 fatalidades como resultado de choques de auto “hit and run”, mientras que, en 23 se registró un aumento en estas muertes. La agencia detalló que hasta el 24 de diciembre de 2023 se habían registrado 25 incidentes de este tipo.

El Negociado de la Policía, por su parte, reconoció la necesidad de reforzar los estatutos vigentes, pero sugirió que el Departamento de Justicia “realice un análisis sobre las enmiendas propuestas ya que sugieren cambios en las penas a imponerse en los artículos 4.02 y 5.07 (de la Ley de Tránsito)”. Igualmente, recomendó, que el Departamento de Justicia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) se expresen los propuestos cambios a Programas de Desvío y de imposición de fianza.

Por su parte, la directora de la División de Asuntos Especiales de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), Yahaira Colón Rodríguez no favoreció la aprobación de las medidas.

‘’Entendemos que ambos proyectos no tienen justificación ni fundamento para continuar agravando el estado de derecho promoviendo la encarcelación prolongada de un ciudadano que puede cumplir con su responsabilidad penal y las consecuencias de los actos imputados sin tener que ser encarcelados’', dijo Colón Rodríguez.

Según la funcionaria a pesar del interés del Estado en salvaguardar la seguridad de las personas víctimas de accidentes de tránsito, las medidas propuestas no adelantan la intención ni atienden de forma acertada los casos de hit and run.

‘’Ante la existencia de alternativas más civilizadas que el confinamiento prolongado para atender situaciones lamentables en las que puede estar involucrado cualquier ciudadano, no podemos apoyar la aprobación de medidas legislativas que desde un inicio solo buscan la penalización excesiva y el castigo’', dijo Colón Rodríguez.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien por un momento dirigió los trabajos de la comisión legislativa dijo que la intención de la propuesta legislación es de que sirva como disuasivo.

“La intención de la legislación es que no se repita. Que sea un disuasivo. Que la gente sepa que si cometen una falta como esta y se va (de la escena), va a haber una pena”, dijo el líder legislativo, quien, sin embargo, no asumió una posición categórica.

“No queremos menoscabar los derechos que hemos protegido, pero algo vamos a hacer”, sostuvo Hernández Montañez.