En un conmovedor testimonio, Sheila Nevárez clamó hoy por justicia para su hijo menor, Javier Cordero Nevárez, ultimado de 15 disparos en una intervención policíaca el pasado 1 de agosto en una calle sin salida en Puerto Nuevo y de la escena de los hechos surgió que el jovencito de 16 años no portaba ningún arma de fuego.

“Yo, como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron break de nada, me lo mataron así. ¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores”, expresó entre lágrimas la desconsolada madre en una vista pública ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado que investiga casos de abuso policial.

“No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso, acompañarlo y admitir que él estuvo mal, pero no acepto de que me lo hayan matado de esa manera”, sostuvo la mujer, quien tuvo que hacer un esfuerzo para poder articular sus palabras.

Según la Policía, Cordero Nevárez conducía una guagua que había sido reportada como hurtada en Carolina y que durante la intervención, el jovencito intentó arrollar a los agentes con el vehículo.

Su madre llevó una declaración escrita en la que hizo un llamado de justicia para su hijo, pero no pudo leerla. Su hermana, Zulhey, quien la acompañaba en la vista pública, junto con la directora ejecutiva de la organización de derechos humanos, Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, leyó la ponencia.

“El llamado de estas personas es a protegernos la vida, no arrebatárnosla. Mi hijo no representaba ningún peligro para la Uniformada y perdió la vida al recibir, aproximadamente, 15 disparos de balas, más 61 casquillos que recogieron en la escena. Es obvio que se utilizó el exceso de fuerza y no se siguieron los supuestos protocolos, no se le encontró arma de fuego alguna y solo cargaba con las llaves de la casa y su celular. Los hechos ocurrieron en una calle sin salida donde ellos alegan que Javier los trató de arrollar con un vehículo y en la escena es claro que Javier no tenía forma de impactarlos”, sostuvo Nevárez en la declaración escrita.

Su hermana Zulhey también cuestionó el desempeño de los siete policías que participaron en la intervención, que culminó con la muerte de Cordero Nevárez, quien según trascendió no tenía expediente criminal.

“En una entrevista utilicé la palabra masacre y no por la muerte de varias personas, pero es como si nos arrebataran la vida a todos nosotros. Yo soy la tía y estoy destruida, ella (Sheila) no duerme, espera su llamada… Perdimos a un integrante importante, Javier era un miembro importante de la familia. Lo extrañamos y no nos lo van a devolver, que se investigue, pedimos justicia. Él no estaba armado, él no era un riesgo para ellos (los agentes). ¿Por qué tomaron la decisión de tanto disparo? Con inmovilizarlo esa suficiente, pero lo acribillaron”, dijo con voz entrecortada mientras apretaba la mano de su hermana Sheila.

“Como familia perdimos un ser humano muy valioso, esperamos que estas personas respondan por los actos… entiendo que se debe crear una organización aparte (de la Policía) que evalúe todos estos casos que sea independiente. No queremos desconfiar del caso, pero es la Policía investigando la Policía”, reclamó.

También le hizo un llamado al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli a que restituya en el caso a la fiscal Betzaida Quiñones, quien investigó la escena de los hechos.

“Me hago eco del reclamo de ustedes de que se haga justicia, que se haga una investigación adecuada y que se aclaren todas las dudas que tuvieron como consecuencia la muerte de un jovencito de 16 años que no estaba armado, que recibió una serie de impactos de bala y que todavía las preguntas están ahí”, dijo, por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien presidió la vista pública.

En la audiencia también declararon otros padres que han perdido hijos en incidentes a manos de policías estatales y municipales, así como organizaciones de derechos humanos y civiles.

Elsa Avilés relató llorando cómo perdió a su único hijo, Anthony Maldonado paciente de epilepsia, en febrero de 2019, en su residencia en el barrio Caricaboa, en Jayuya. Contó que Anthony tenía episodio fuerte de la enfermedad, agarró un machete que guardaba como un recuerdo del abuelo y ella llamó por ayuda a la Policía, sin imaginar el desenlace.

“Él no respondía a mis llamados, entró en temblor y bajando de la marquesina, de espaldas, suelta el machete. Los agentes comenzaron a disparar desde el otro lado de la calle hacia el portón… Fueron muchos los disparos y vi cuando mi hijo se estrelló contra la puerta de la patrulla. Corrí hacia él para socorrerlo, pero cuando me iba a mover, vi cuando el agente me disparó... Perdí a mi único hijo en la forma más trágica, sin poder defenderse”, lamentó.

El director legal del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Fermín Arraiza Navas dijo que si los dos policías hubiesen sido adiestrados para el manejo de estos casos, “Anthony estuviera con vida y no solo le dispararon a él, sino también a su tío y a Elsa. Los impactos de bala están marcados en el balcón y la marquesina de la casa”, denunció el abogado, quien agregó que una demanda civil de reclamación de daños que instó la familia contra el Estado y contra los policías en su capacidad personal, al amparo de la ley federal de derechos civiles, está paralizada en el Tribunal de Lares por la ley Promesa.

Por su parte, el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez abogó por que el caso del jovencito Javier Cordero Nevárez sea objeto de una investigación en el Senado, como la que se hizo en 1983 que esclareció el asesinato de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla a manos de policías.

“La verdad de este caso es la verdad en muchos casos que no investigaron. Este atrae mucha atención por ser un muchacho de 16 años y existiendo un sistema de justicia juvenil para encarrilarlo, nunca tuvo presunción de inocencia, nunca tuvo el debido proceso ni el acceso a la justicia juvenil para encarrilarlo”, dijo.

Ramírez recordó también el caso de Miguel Cáceres, un civil asesinado de barios disparos por un policía en el sector Punta Santiago, en Humacao, que se logró esclarecer por un vídeo casero.

Kilómetro Cero ha identificado desde el 2014 hasta el presente, unas 14 muertes de jóvenes entre 15 y 20 años por uso de fuerza policial.

Otro testimonio escuchado en la vista pública fue el de Mónica González y José Rodríguez, padres de Christian Rodríguez González, quienes denunciaron que el pasado 15 de julio su hijo murió durante una intervención de la Policía Municipal de San Juan porque supuestamente conducía una motora que no tenía tablilla.

“Ellos alegan que mi hijo era un fanático de Gotcha y que apuntaba a los guardias cuando hicieron la intervención. Él practicaba Gotcha y llevaba un rifle (de Gotcha) en un bulto en la espalda y estaba guiando la motora”, dijo el padre. Agregó que Christian “recibió un solo disparo en la espalda”.

El presidente del Comité Dominicano de Derechos Civiles, José Rodríguez propuso la creación de una comisión de la sociedad civil, integrada por las comisiones de derechos humanos convocadas a la vista pública para velar por el cumplimiento de la Reforma de Policía.

Dijo que la propuesta comisión se encargaría de “trabajar y fiscalizar el uso de la fuerza, las relaciones con las comunidades, el área de cumplimiento de dicha reforma, sobre todo, en el aspecto administrativo ya que le cuesta al erario la friolera de $20 millones anuales, los cuales se usan de manera antojadiza, ningún tipo de fiscalización”. Sostuvo que la reforma “es por 10 años y van nueve” y sugirió que “sean 10 años más o de forma permanente y fiscalizada por esta comisión formada por la sociedad civil”.

Mientas, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, condenó también el caso de Cordero Nevárez y recordó el del joven deportista de 22 años José A. Vega Jorge, a quien un agente de la Policía le disparó en la cabeza, “un evento que laceró severamente la confianza del pueblo en su cuerpo de orden público”, en septiembre de 2010.

“Recordamos cuando se dio a conocer que era un joven que no presentaba ningún peligro al agente, que incluso intentaba cooperar con una investigación en curso”, sostuvo el abogado, quien también recomendó un modelo de panel ciudadano que supervise y revise los hallazgos hechos por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), organismo encargado de investigar los casos en los que se reclama uso excesivo de la fuerza policial. Padilla Ruiz reconoció, sin embargo, que este modelo requeriría que el NIE fuese una agencia independiente y fuera del Negociado de la Policía.

Sostuvo que, bajo este modelo, continuaría siendo una agencia pública la encargada de investigar adjudicar las querellas de la ciudadanía en contra de la Policía y la función revisora del panel serviría para brindarle credibilidad y transparencia a los hallazgos. Añadió que este tipo de panel ya existe en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, no tanto a nivel estatal, sino a nivel municipal o de condado.

“La creación de un cuerpo investigativo civil para atender las querellas de alegaciones de abuso de la autoridad por agentes del orden público promovería, entre otros resultados, una mayor confianza de la ciudadanía de que sus denuncias serán atendidas adecuadamente. Además, promovería una conciencia más elevada entre los efectivos de la seguridad pública de que responderán por actos inapropiados”, dijo Padilla Ruiz.

¿Con la reforma de la Policía, ahora estamos en un mejor lugar, peor o en el mismo sitio?, le preguntó el senador Rafael Bernabe Riefkhol.

“En mi experiencia, con todo lo que debió haber pasado y no ha pasado, estamos en una situación igual o peor a la que estábamos antes de tener la Reforma de la Policía”, dijo Padilla Ruiz

Indicó que las estadísticas sobre “acciones indebidas de la Policía, no necesariamente, brutalidad policíaca” arrojan 23 casos en 2016; 2017 (19); 2018 (25); 2019 (19); 2020 y 2021 (10) y ocho hasta el 30 de junio de 2022.