Ponce. La alcaldesa María Meléndez Altieri anunció hoy la presentación de un proyecto de ordenanza que congelaría las plazas vacantes y los donativos ya aprobados, permitiría la modificación o culminación de contratos vigentes e impondría un cargo por el uso de instalaciones municipales.

La sesión de la Legislatura Municipal donde se evaluará el proyecto será hoy a las 6:30 p.m.

Meléndez Altieri convocó una rueda de prensa para anunciar la ordenanza, pero no explicó un solo punto de la misma. Solo dijo que es una medida “de vanguardia” y que tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud, seguridad y bienestar social.

La ordenanza establece la congelación inmediata de la partida de donativos del presupuesto 2016-2017. Sin embargo, el presidente de la Legislatura Municipal, Rafael Mateu, dijo no tener el detalle del dinero aprobado que no se desembolsará.

El proyecto de ordenanza también provee para evaluar los contratos vigentes y determinar “cuáles pueden ser rescindidos o modificados para reducir gastos”. La abogada Marieli Paradiso, directora de la División Legal del ayuntamiento, señaló que se trata de contratos de suplidores y personal.

Las plazas vacantes “que no sean necesarias para el funcionamiento de las áreas que proveen servicios esenciales a la comunidad serán congeladas” y no habrá contratación de nuevos empleados. Cabe señalar que una ordenanza previa de esta administración, gestada por la crítica situación fiscal, establecía que no se podían contratar empleados. Tampoco se realizarán transacciones de personal que aumenten los salarios.

También se establece que del presupuesto corriente solo se podrán usar las partidas destinadas a pagar nómina, suplidores y utilidades; que se renegociarán los términos de pago de sentencias, préstamos, líneas de crédito y empréstitos; y que se podrán suspender pagos “independientemente de su naturaleza” si hay necesidad de flujo de efectivo.

De aprobarse la ordenanza, se impondría un cargo por el uso de instalaciones municipales, tanto a entidades con fines de lucro y sin fines de lucro.

“Se ordena la paralización automática de toda y cualquier acción extrajudicial o judicial contra el municipio, independientemente de su naturaleza, etapa en que se encuentre o el foro ante el cual se tramite la misma durante la vigencia de esta ordenanza y cualquier extensión de la misma. Mientras la paralización en virtud de la Sección 405 del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, conocido como PROMESA esté en vigor, cualquier acción que pudiera ser requerida por PROMESA en un tribunal federal, estatal o de Puerto Rico también es requerida bajo esta ordenanza, y cualquier acción similar que surja de, o se relacione con esta ordenanza es igualmente requerida mientras la paralización en virtud de PROMESA esté en vigor”, lee el documento.

La ordenanza indica que se tomarán medidas para allegar dinero nuevo, pero Meléndez Altieri no explicó cuáles.

Además, autorizaría la contratación de personas para realizar auditorías. Al preguntarle por qué si buscan ahorros contratarían firmas externas para dicha tarea, Mateu dijo que solo se haría cuando tal asesoría “no pueda ser provista por el municipio”.