El Senado le dio el aval esta tarde a un proyecto de la Cámara (PC) 517 que busca eliminar de forma automática del certificado de buena conducta, que expide el Negociado de la Policía, toda convicción por delito menos grave.

La medida recibió enmiendas para dejar claro que el lenguaje del formulario de solicitud del certificado de antecedentes penales no incluya algún encasillado o preguntas sobre alguna convicción o convicciones de este tipo de delito.

La pieza legislativa, al sufrir enmiendas, regresa a la Cámara. En el Senado recibió 26 votos a favor y uno en contra.

“Qué nos dice ese proyecto. Solo hay que ver la portada de Primera Hora y referirnos al titular: Las garras del sinhogarismo y es porque en realidad el problema de reinsertarse en la sociedad de forma productiva después de haber extinguido una sentencia es mucho más complejo que eliminar un papel, es mucho más complejo que darle una palmadita en el hombro y animar a las personas a que se busquen un subempleo explotador. Aún así, la gente está dispuesta, pero ni siquiera esos empleos están accesibles”, expresó el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot, en un turno a favor.

En su edición de hoy, Primera Hora reseñó cómo después de la pandemia y de fenómenos naturales un grupo de personas sin hogar del municipio de Peñuelas se ha refugiado en una farmacia abandonada en Ponce.

En su turno a favor de la medida cameral, de la autoría del fenecido representante José Aníbal Díaz, Vargas Vidot dijo que la pieza legislativa recoge una pequeña parte de un proyecto que él radicó y que el gobernador Pedro Pierluisi vetó.

“Este es tipo de proyecto que recoge una partecita del proyecto sustitutivo que el gobernador insensiblemente vetó. Algo en lo que todos y todas aquí hemos estado de acuerdo que es el proceso de la reinserción productiva y que nada obstaculice la posibilidad de que una persona que ha cumplido a cabalidad su sentencia pueda reinsertarse sin el molestoso y casi calvario que provoca a través del llamado certificado de antecedentes penales que se ha convertido en una sentencia extendida para alguien que ya cumplió con la sentencia que ha dictaminado el Estado. Hemos presentado esto no solamente en papel sino en emoción, en pasión”, sostuvo Vargas Vidot.

El Senado aprobó también hoy, en votación unánime, una resolución que establece parámetros para que el Departamento de Hacienda distribuya el llamado incentivo reintegrable.

La medida (Resolución Conjunta de la Cámara 606) contiene las guías que la agencia debe utilizar para repartir el incentivo económico de $250 millones entre los contribuyentes que rindieron planillas en el año contributivo 2023. La pieza legislativa se aprobó con enmiendas, por lo que vuelve a la Cámara. Primera Hora supo que, con las enmiendas, los contribuyentes recibirían un mínimo de $200 y no de $100, como se había especulado.

Igualmente, el Senado aprobó hoy el Proyecto de la Cámara (PC 773) que busca revocar la licencia de conducir a personas convictas por disparar un arma de fuego en balaceras carro a carro, independientemente de si haya o no víctimas fatales. La medida contemplaba el retiro total de la licencia, pero fue enmendada para que sea por un período de cinco años.

También, en votación de 15 a 12 fue avalada una resolución que ordena a la Comisión de Gobierno del Senado realizar una investigación sobre los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico, que concluyen que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de actividades de protesta pública, violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas.

La investigación legislativa, propuesta por la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón, busca auscultar posibles acciones o medidas legislativas de manera que se le garantice a la ciudadanía su derecho a la libertad de expresión y asociación, así como su derecho a la intimidad.