La Cámara de Representantes aprobó esta tarde una medida que busca asignar $320 millones a la Autoridad de los Puertos para cerrar el contrato de Alianza Público Privada (APP) que suscribió la agencia con la empresa Global Ports Holding (GPH) para la operación de los terminales de cruceros en San Juan.

La resolución conjunta de la Cámara 594 recibió 42 votos a favor, tres en contra y una abstención. La medida pasa a la consideración del Senado.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que los $320 millones provienen de una partida del Fondo General. “Este es el resultado de un dinero que nosotros le prestamos a otra corporación pública para poder culminar su transacción de reestructuración de la deuda, que fue la de la Autoridad de Carreteras”, indicó el líder legislativo, quien tomó uno de los turnos iniciales de la sesión para defender la pieza legislativa.

“Esta transacción que estamos aprobando aquí lo que permite, precisamente, es salvar el dinero de los retirados, saldar la deuda de la Autoridad de Puerto Ricos, dándole continuidad a esta reestructuración de todas las deudas del gobierno de Puerto Rico y, por ultimo…es que al saldar las deudas de la Autoridad de Puertos se coloca a la corporación en posición para levantar la infraestructura”, sostuvo Hernández Montañez, autor de la medida junto con el portavoz de la minoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez.

“Aquí podríamos diferir del gobierno central. Yo soy de los que creo que debería ser la Autoridad de Puerto Rico, pero hay una política pública allá afuera, que lo han hecho los dos partidos principales, donde deciden que, en vez de levantar la infraestructura en una emisión de bonos públicas, se hace una transacción privada. Al final, sea privada o sea pública lo importante es que se haga bien”, reclamó.

Según Hernández Montañez la medida proporciona fondos a la Autoridad de Puertos para “finalizar un acuerdo de restructuración y pago con sus acreedores para que el contrato de APP del puerto de cruceros de San Juan, así como otros contratos y de desarrollos en el área de la bahía de San Juan pueda seguir adelante y traer el impacto económico positivo esperado”.

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MCV), Mariana Nogales Molinelli se expresó en contra de la medida.

“En estos momentos en el hemiciclo no se encuentra Omar Marrero. No se encuentran los oficiales de gobierno a quien uno pudiese hacerle las preguntas porque, de lo que dice esta resolución, nos quedan muchísimas dudas”, cuestionó la representante Nogales Molinelli.

“¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se llegó a esa negociación? ¿Cuáles son los contenidos de ese acuerdo de transacción? ¿Cuál es el beneficio para la gente de Puerto Rico? ¿Cuál fue el análisis económico del equipo fiscal del gobernador? Yo pensaría que esta es una resolución que debería estar discutiéndose en alguna de las comisiones, tal y como se hace en las discusiones prolongadas sobre el presupuesto de Puerto Rico”, inquirió la legisladora.

A 17 meses de que la empresa San Juan Cruise Port, subsidiaria de GPH, consiguiera el contrato para operar las muelles de crucero de la bahía de San Juan por 30 años, el cierre de la transacción sigue pendiente debido a que no se ha logrado cumplir con una serie de condiciones estipuladas en el acuerdo.