Quince ingenieros que laboran en LUMA Energy no están cualificados para ejercer su profesión, y lo hacen de manera ilegal por no poseer las licencias o años de estudio requeridas por la Ley 173-1988, que regula y reglamenta la práctica de ingeniería, agrimensura y arquitectura en Puerto Rico, según determinó un estudio del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

El análisis, recopilado a petición de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz y en poder de Primera Hora, indica que las 15 personas incluyen: un ingeniero de telecomunicaciones; un gerente de proyectos, una persona que trabaja en proyectos de distribución; cinco gerentes de líneas de distribución; un diseñador de ingeniería de las líneas de distribución, dos estimadoras del valor de proyectos; y un ingeniero de protección y control de la gerencia de activos.

Tampoco están autorizados a practicar la ingeniería en Puerto Rico dos ingenieros encargados de analizar y brindar apoyo al centro del control ante eventos no planificados e incidentes que impacten el sistema de generación y transmisión; un ingeniero responsable de crear herramientas especializadas y reportes de comunicación y el desarrollo del sistema de información de activos; y un ingeniero responsable de proteger y controlar el manejo de activos.

“En síntesis, el CIAPR concluyó que la mayoría de las descripciones de puestos que le enviamos para su evaluación, tienen que ser ocupados por ingenieros licenciados, por lo que LUMA incumple con la Ley 173 de 12 de agosto de 1988, que regula la práctica de la ingeniería en Puerto Rico”, detalló Torres Cruz en declaraciones escritas remitidas a este diario.

“Una vez más, esta situación demuestra que la compañía LUMA Energy incumple con lo está en el contrato. Esto es sumamente preocupante, ya que este asunto es fundamental para proteger la vida, la salud y la propiedad y para fomentar el bienestar público en general, según lo expresa la propia Ley 173″, manifestó el funcionario.

En desacuerdo LUMA

Ante los señalamientos, el consorcio energético negó que emplea a estas personas ilegalmente. Por lo contrario, adujo que “LUMA cumple con todas las leyes de Puerto Rico y emplea a algunos de los ingenieros licenciados más cualificados y con más experiencia en Puerto Rico para las funciones que requieren licenciatura”.

Además, catalogó los señalamientos como difamación y ataques injustos contra los “profesionales trabajadores y dedicados” que emplea la empresa.

“El pueblo de Puerto Rico debería estar orgulloso de que un equipo compuesto de algunos de los ingenieros más brillantes y trabajadores estén comprometidos con Puerto Rico y con atender los años, si no décadas, de abandono por parte de la operadora previa. Estos profesionales trabajadores y dedicados deberían ser celebrados y reconocidos por sus esfuerzos en lugar de ser difamados y atacados injustamente”, reaccionó LUMA a este medio.

“Gracias a nuestro equipo de ingenieros cualificados, hemos comenzado 190 proyectos de FEMA, comenzamos la primera fase de una inversión de mil millones de dólares en la infraestructura de alumbrado público de Puerto Rico y anunciamos la aprobación del proyecto de mejoras a la subestación de Cataño, el cual dará inicio a la modernización de la primera de más de 300 subestaciones en la isla. Además del trabajo con FEMA, los ingenieros de LUMA han demostrado ser vitales en reparar, restaurar y reconstruir el sistema eléctrico en todo Puerto Rico”, agregó.

Confirma Justicia

La portavoz de Justicia, Joan Hernández, confirmó a Primera Hora que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor está a cargo de la pesquisa.

Torres Cruz dijo no recibir respuesta del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en cuanto al recibo del referido, pero, según Hernández, esto se debe a que el Departamento no suele divulgar información del estatus de las investigaciones en curso hasta que concluya el proceso.

El informe se compiló por el CIAPR luego de recibir una solicitud el 3 de junio de la Comisión para analizar la legitimidad de los 15 puestos, así como la de una supervisora encargada de liderar y desarrollar el equipo de fiabilidad para cumplir con las metas operaciones y estratégicas, cuya posición fue la única que cumple con los requisitos de la Ley.

Para el 28 de junio, el CIAPR envió una misiva a la oficina del representante con sus evaluaciones y el 6 de julio la Comisión hizo un referido al Departamento de Justicia y la Junta Examinadora de la Profesión de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

De acuerdo a la explicación del CIAPR, un ingeniero que ejerce su profesión en la Isla debe estar inscrito en el registro de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (JEIAPR) y ser miembro activo del CIAPR.

Además, hizo la especificación de que los ingenieros en entrenamiento están autorizados en practicar la profesión de manera limitada, por lo que no podrán prestar servicios de certificación de planos, diseños o mediciones en ingeniería o arquitectura o asumir responsabilidad primaria. Mientras, los ingenieros asociados solamente pueden prestar sus servicios profesionales y de supervisión donde no tengan responsabilidad significativa por servicios profesionales prestados directamente al público.

Asimismo, una persona que posee únicamente un grado académico en ingeniería no podrá ejercer la profesión en Puerto Rico, pues el bachillerato es solamente uno de los requisitos necesarios para convertirse en un profesional autorizado.

Es el ingeniero licenciado -que no tenga menos de dos años de experiencia con documentación por Ingenieros Licenciados o Asociados en Puerto Rico, tenga una maestría en ingeniería y completado un año y seis meses de experiencia acreditada por la Junta o posea un doctorado y un año de experiencia acreditada y tenga una licencia expedida por la Junta- quien puede ocupar estos puestos de gran alcance.

“Una persona que solo tiene un diploma en Bachillerato en Ingeniería, no está autorizado a practicar la ingeniería u ocupar una posición que requiera ser ingeniero en Puerto Rico. Hacer esto sería contrario a la Ley”, reza el informe.

Entre los 15 empleados analizados, se identificaron a ingenieros asociados, en entrenamiento, con sus colegiaciones vencidas o que no están registrados en la JEIAPR que están encargados de puestos con gran envergadura. Ninguno es un ingeniero debidamente licenciado.

Acorde al análisis, fue LUMA que identificó que los requisitos de los aspirantes al puesto de gerente de líneas de distribución “permite personas con otra preparación” que no sean ingenieros licenciados, lo que dio luz verde a la contratación de cinco personas, presuntamente, de manera ilegal.

“De acuerdo a los requisitos de educación solicitados para el puesto, están equiparando un Diploma en Tecnología o la experiencia de un Celador de Líneas, con la educación y experiencia de un Ingeniero Licenciado, lo cual es totalmente incorrecto. Un Diploma en Tecnología no es un Bachillerato en Ingeniería; y un Celador de Líneas, no requiere ninguna educación post secundaria”, reitera el documento.

Lo mismo se repitió con los puestos de examinadoras, ya que los reclutadores de LUMA “están equiparando un Programa en Tecnología y un Programa en Administración de Empresas con un Bachillerato en Ingeniería Eléctrica” en lugar de otorgar las plazas a un ingeniero licenciado y colegiado en Puerto Rico.

“Un Programa en Tecnología o un Programa en Administración de Empresas, no tiene ninguna relación con un Bachillerato en Ingeniería”, resaltó.