El representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz cuestionó hoy los votos abstenidos de los representantes del interés público, Liza M. Ortiz y Eduardo Ferrer, en la votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) en la que se determinó por mayoría, extender el contrato suplementario de LUMA Energy.

“La votación de abstención de los dos representantes del interés público que representan en esa Junta a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, amerita una explicación de inmediato ante el pueblo de Puerto Rico porque la expectativa creada por los Presidentes de la Cámara y el Senado era que no se daría paso a la extensión del contrato de LUMA. Lo que sucedió con su votación parece una traición a los reclamos de la mayoría del pueblo de Puerto Rico”, indicó Torres Cruz, quien ha llevado la voz cantante en la Legislatura en la fiscalización el contrato de LUMA.

“Ojalá que haya una explicación lógica para justificar sus votos. Y que exista el ánimo de cumplir con lo que se le comunicó al País de que se acudirá a los Tribunales para invalidar esa decisión”, agregó el otrora legislador del Partido Popular Democrático (PPD) en declaraciones escritas.

Torres Cruz dijo también que el gobernador Pedro Pierluisi “demostró una vez más que su compromiso está atado a los intereses de la compañía LUMA Energy y que responde servilmente al mandato de la Junta de Supervisión Fiscal”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, elogió el desempeño de los dos representantes del interés público en la Junta de Directores de la AAPP y criticó la decisión de la mayoría en el organismo rector de extender de forma indefinida el contrato suplementario al consorcio energético.

“Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico”, indicó el líder cameral en declaraciones escritas.

Dijo así mismo, la Cámara apoyará a los representantes del interés público Ortiz y Ferrer, quienes se abstuvieron de la votación y propusieron, sin éxito, que el proceso se rigiera por la Ley 120, que regula la Transformación del Sistema Energético de Puerto Rico.

Hernández Montañez indicó que Ortiz y Ferrer “tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018″.

“Agradezco el trabajo extraordinario de los representantes del interés público en la Junta de Directores de la AAPP, quienes no claudicaron en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y agotaron todos los remedios a su alcance”, sostuvo.

El Presidente de la Cámara dijo que “lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP”.

Específicamente mencionó que la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE”.