El Municipio de Ponce tendrá que recuperar cualquier salario y otros beneficios económicos devengados por el suspendido alcalde Luis Irizarry Pabón desde el 1 de noviembre de 2023, fecha en que se dispuso la medida cautelar de separarlo de sus funciones como ejecutivo municipal, según informó este viernes en Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

El Tribunal de Apelaciones resolvió en contra de Irizarry Pabón, quien había incurrido al tribunal impugnando la determinación administrativa sobre la suspensión de sueldo que emitió la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, adscrita a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Los jueces Felipe Rivera Colón, José J. Monge Gómez y Joel A. Cruz Hiraldo emitieron la sentencia.

Los magistrados expresaron en su decisión que revertir la determinación del Panel sería alejarse de la norma consagrada en la Constitución, de que solo se debe disponer de los fondos del estado para fines públicos. “No solo eso, equivaldría a permitir que desde noviembre de 2023 hasta el presente, tengamos a dos funcionarios municipales percibiendo el salario del puesto de alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, cuando solo uno de dichos funcionarios está ejerciendo los poderes y facultades de dicho puesto”.

El tribunal también indicó que fue el propio Irizarry Pabón, a través del agotamiento prematuro de los trámites apelativos, quien causó que la evaluación de la procedencia de la aludida medida cautelar quedara postergada. Esto, a su vez, provocó que Irizarry Pabón siguiera recibiendo dinero y beneficios económicos por servicios no rendidos desde el 1 de noviembre de 2023 hasta hoy.

“El agotamiento prematuro de un trámite apelativo no puede servir de fundamento para ‘crear’ un derecho adquirido. Acoger dicho argumento equivale a permitir que una parte abuse del derecho”, sentenció el tribunal.

Irizarry Pabón enfrentaría juicio en el 2025 tras ser acusado de presuntamente obligar a varios directores de dependencias municipales a pagar su deuda personal de sobre $53,000.

El pasado 11 de abril, el juez superior Daniel López González encontró causa para juicio contra Irizarry Pabón en dos cargos: por enriquecimiento injustificado (violación al Artículo 251 del Código Penal) y por violar el Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

La determinación del magistrado se basó en el testimonio del exdirector de Infraestructura, Ambiente y Transportación, Oscar Nazario, y del exdirector de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Jorge Luis Mercado Santiago, quienes adujeron que sentían “temor” de sufrir represalias al no cumplir con la petición del alcalde a que les pagara su deuda. De acuerdo con lo que divulgaron en sala, emitieron pagos entre abril de 2021 a septiembre de 2021.