El gobernador saliente, Luis Fortuño, anunció hoy que convocará una sesión extraordinaria para atender, entre otras cosas, legislación que se quedó en el tintero en la Legislatura y llenar las vacantes disponibles en el Gobierno.

 “No es para legislación de asuntos nuevos. Son asuntos más bien administrativos”, advirtió el derrotado candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista durante una conferencia de prensa en Fortaleza en la que se anunció que Jenniffer González será la portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes.

Informó que aún desconoce para cuándo será convocada la sesión.

En lo que Fortuño no titubeo fue en aceptar que durante la sesión se atenderá “cualquier nombramiento que se haya vencido”.

 De inmediato, alegó que no conoce cuántas plazas hay disponibles, pues “no he tenido una reunión para atender qué posición debe seguirse llenando”.

 Pero, advirtió que “son pocas” las vacantes disponibles.

Los nombramientos que Fortuño podría enviar para consideración del Senado son los de jueces, fiscales, procuradores y miembros de juntas directivas.

El director de prensa de la Administración de Tribunales, Daniel Rodríguez, informó que, al momento, hay 13 plazas de jueces superiores vacantes, 11 de jueces municipales y cuatro del Tribunal de Apelaciones.

Varios informantes de este diario señalan que entre los funcionarios del gabinete de Fortuño que podrían ser nombrados son el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, y la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry.

Por otro lado, la única medida legislativa que Fortuño indicó que se acordaba como las que estarían incluidas en la convocatoria de la sesión extraordinaria es una que aumentará la aportación monetaria al Comité Olímpico de Puerto Rico.

El presidente de la Comisión de Hacienda cameral, Antonio “Toñito” Silva, indicó que la medida aumentaría de $2.3 a $3.8 millones la aportación anual que el Gobierno le hará al Comité Olímpico hasta el año 2020.

 Según la ley, las sesiones extraordinarias son convocadas por el Gobernador y se atienden solo las medidas para las cuales se convocó. Tienen una duración de 20 días.